El sábado 15 de noviembre miles de mexicanos en las capitales y ciudades principales de los 32 de los 32 estados de la república salieron a marchar y a protestar.
Marcharon hombres, mujeres, niñas y niños; marcharon las personas de la tercera edad, los jóvenes identificados como “Generación Z”, marcharon los del “Movimiento del Sombrero”.
Marcharon las madres buscadoras, los comerciantes y empresarios hartos por el “cobro de piso”, marcharon los campesinos extorsionados y despojados de sus tierras por el crimen organizado, los aguacateros, los limoneros y productores de maíz; los habitantes de Culiacán, de Michoacán, de Tamaulipas, de Guanajuato, de Baja California, de Tabasco y de Veracruz .
Marcharon los transportistas cansados de la inseguridad y asaltos en las carreteras, marcharon los indignados por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo y de otros alcaldes y servidores públicos; así como por los crímenes contra activistas y ecologistas.
Todos con un solo propósito:
Visibilizar el hartazgo de una sociedad que a pesar de las alternancias en el poder de las últimas dos décadas continúa rehén de la violencia del crimen organizado.
Por desgracia, de los miles que marcharon de manera tranquila y ordenada por paz, justicia y contra la impunidad y para exigir al estado acciones concretas e inmediatas contra la violencia, de la jornada de protestas se destacó en medios nacionales e internacionales los menos que generaron actos de violencia, principalmente en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.
Como en toda marcha nacional durante distintos periodos de la historia moderna, sin importar el partido en el gobierno, no faltaron los grupos radicales, encapuchados en su mayoría, que rompieron con las manifestaciones pacíficas.
Esos que a cada régimen del color que sea les son útiles para descalificar y estigmatizar las manifestaciones sociales.
Y tampoco faltaron como también siempre sucede, políticos que buscaron colgarse de la movilización ciudadana.
Nunca entendieron que su presencia contaminaba, dándole más armas al régimen para la descalificación.
Cuando los que hoy son gobierno marcharon por causas sociales desde el PRD o desde el propio Morena y PT, se les acusó de porros, de violentos.
Hoy que ostentan el poder, ellos son los que desacreditan y estigmatizan.
A quien marchó, se le calificó de opositor, de conservador y lo peor… de haber sido manipulado “por fuerzas conservadoras extranjeras”, como tontos pues.
Así con la más grande movilización de protesta ciudadana en lo que va del régimen de la 4T, el gobierno perdió la oportunidad de la autocrítica y la reflexión.
No se salió a reconocer el problema y a anunciar solución.
El sentir ciudadano, por la cúpula del régimen se interpretó únicamente como un acicate político.
Un mensaje para pedir paz, justicia y fin de la impunidad, quedó para el grupo en el poder, como un corriente acto político opositor.
Por que la propia presidenta, Claudia Sheibuam, salió a decir tras las marchas que el pueblo está con ella y con su movimiento y que juntos “son invencibles”.
Tras ella siguieron los gobernadores morenistas, Morena, los senadores y diputados federales de Morena y aliados, para estigmatizar y descalificar.
Para condenar a los pocos violentos, pero ignorar a los miles pacíficos.
No hubo reflexión.
No hubo autocrítica.
Hubo descalificación.
