De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2021 y hasta abril de 2022, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha iniciado 16 carpetas de investigación en contra de mujeres por abortar, 8 de estos casos durante el gobierno de Víctor Castro Cosío y la XVI Legislatura.
A pesar de que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por interrupción del embarazo, en Baja California Sur se siguen abriendo carpetas de investigación por abortar.
Según detalló anteriormente el procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, es necesario que el Congreso del Estado armonice las resoluciones de la SCJN para que el cambio legal y penal se dé en el estado.
No obstante, la XVI Legislatura del Poder Legislativo no ha dado señales de incluir en su agenda legislativa la erradicación de la criminalización de mujeres por abortar.
Cabe recordar que ya entró al Congreso del Estado la iniciativa para despenalizar el aborto, sin embargo, antes de ser dictaminado y recibida por las comisiones correspondientes, existieron otras opciones que las y los diputados ignoraron sobre los derechos reproductivos de las mujeres que ya fueron reconocidos por la SCJN.
