La Paz.– La Comunidad de Aprendizaje y Acción en Planeación Territorial de La Paz expresó su rechazo tajante a la iniciativa enviada por el gobernador Víctor Castro Cosío al Congreso del Estado, que propone reformar la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur para facultar al Ejecutivo a declarar “Polígonos para el Desarrollo o Aprovechamiento Prioritario o Estratégico” mediante decreto, al señalarla de invadir esferas de los gobiernos municipales y cancelar la participación ciudadana en la conformación de instrumentos de planeación.
El pronunciamiento, emitido este martes advierte que la propuesta —que será discutida y eventualmente votada por la XVII Legislatura— representa un riesgo para la autonomía municipal, la participación ciudadana y la protección del territorio, al permitir que el Ejecutivo modifique usos de suelo sin pasar por los procesos públicos y técnicos establecidos en los planes de desarrollo urbano.
“Aunque la narrativa resulta atractiva ante la crisis de vivienda, la iniciativa pone en riesgo el respeto a zonas estratégicas ya reguladas. Permitiría modificar la zonificación vigente mediante decreto, sin participación social ni consulta ciudadana”, señala el documento.
De acuerdo con la organización, la reforma al Artículo 17 de la Ley eximiría al Ejecutivo del proceso formal de modificación de uso de suelo, mientras que los cambios al Artículo 56 eliminarían la autonomía municipal en materia de planeación urbana, concentrando en una sola persona —el gobernador— decisiones que actualmente son colegiadas, técnicas y participativas.
“El principal riesgo reside en que pone en peligro cualquier espacio público, parque, área de conservación o terreno de valor ambiental. Esto permitiría al Ejecutivo colocarse por encima de los instrumentos de planeación, convirtiendo espacios comunes en proyectos inmobiliarios contrarios al interés público.”
El colectivo enfatizó que, de aprobarse, la llamada “Ley de Polígonos para el Desarrollo” representaría un grave retroceso en los procesos democráticos de planeación urbana y ecológica, impulsados durante las últimas décadas en Baja California Sur.
Entre los instrumentos de planeación actualmente vigentes o en actualización que se verían comprometidos, destacan:
-El Programa de Ordenamiento Ecológico Local de La Paz (POEL).
-El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz (PDUCP).
-Los Programas Subregionales de Todos Santos–El Pescadero–Las Playitas y Los Barriles–El Cardonal.
-El Programa Parcial del corredor Los Planes–El Sargento–Ensenada de Muertos.
La comunidad recordó que el Gobierno del Estado invirtió más de 8 millones de pesos en la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU) hace más de dos años, el cual sigue sin publicarse ni aplicarse.
Su conclusión, señalan, es impostergable para garantizar un ordenamiento territorial equitativo y sustentable que proteja los bienes comunes y el derecho a un ambiente sano.
El pronunciamiento exhorta al gobernador Víctor Castro Cosío, a la diputada Ma. Cristina Contreras —promovente de la lectura y discusión de la iniciativa— y a las y los integrantes de la XVII Legislatura a abrir un espacio de diálogo público con especialistas, organizaciones y ciudadanía.
“Coincidimos en la urgencia de garantizar el acceso a la vivienda, pero sin vulnerar los instrumentos de planeación que protegen los derechos urbanos, ambientales y sociales de los sudcalifornianos”, concluye el documento.
La iniciativa, advierten, será sometida a discusión en el pleno del Congreso estatal esta misma semana. Diversos colectivos y organizaciones ambientales han advertido que, de aprobarse, la reforma abriría la puerta a la discrecionalidad en la gestión del territorio y a la urbanización de zonas ambientalmente sensibles o protegidas bajo el argumento del desarrollo social.
