La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado aprobó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que Baja California Sur establece que este delito será investigado y perseguido de oficio, sin necesidad de que la víctima presente denuncia, fortaleciendo así el combate a una de las conductas que más afectan a familias, comercios y sectores productivos.
La iniciativa, avalada en sesión extraordinaria por la XVII Legislatura y presentada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, armoniza la legislación estatal con la Ley General en materia de extorsión recientemente emitida por el Congreso de la Unión.
La nueva norma establece penas de quince a veinticinco años de prisión, además de multas de trescientas a quinientas UMA, para quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio ilícito o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Las sanciones podrán incrementarse de cuatro a ocho años adicionales, de acuerdo con las agravantes previstas.
Además de tipificar el delito, la ley fija reglas claras para su investigación y persecución penal, define competencias entre autoridades y establece acciones y políticas de prevención, bajo principios de actuación inmediata, eficiente, imparcial y con respeto a los derechos humanos.
Durante la discusión en lo particular, se aprobaron reservas a diversos artículos y transitorios para fortalecer la coordinación interinstitucional, armonizar el marco jurídico estatal con el nacional y dar certeza jurídica a su aplicación. También se fijó un plazo para la puesta en marcha del Centro de Atención a Denuncias, considerado clave para la atención de víctimas y el seguimiento oportuno de investigaciones.
Con esta aprobación, Baja California Sur refuerza su marco legal para enfrentar la extorsión y cerrar espacios a la impunidad.