La Paz, Baja California Sur.– El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó el dictamen de la reforma constitucional derivada del denominado “Plan B” en materia electoral, que contempla, entre otros puntos, un recorte significativo al presupuesto del Poder Legislativo estatal, el cual podría reducirse hasta en un 40% a partir de la siguiente legislatura.
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el ajuste se deriva de la disposición que establece que el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos de la entidad, lo que en el caso de Baja California Sur implicaría una reducción aproximada de 119 millones de pesos sobre un presupuesto actual cercano a los 300 millones.
Asimismo, se precisó que con este nuevo esquema, el presupuesto del Congreso solo podría incrementarse conforme al porcentaje de inflación anual o en función del crecimiento del presupuesto estatal.
El presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputado Eduardo Van Wormer Castro, dio lectura al dictamen correspondiente a la minuta enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman los artículos 115 y 116, y se adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma también contempla modificaciones en la integración de los ayuntamientos, estableciendo que cada municipio será gobernado por un órgano integrado por presidencia municipal, sindicatura y hasta 15 regidurías, además de garantizar la paridad de género y la igualdad sustantiva en el acceso a estos cargos.
En materia electoral y administrativa, se establecen límites a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, así como la prohibición de contratar seguros o prestaciones no contempladas en la ley. También se incluye la prohibición de reelección inmediata para legisladores locales.
Durante la discusión, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda manifestaron su rechazo a la reforma, al señalar que el proceso legislativo fue apresurado y con irregularidades, además de considerar que se trata de cambios administrativos con un trasfondo político.
Por el contrario, los diputados Venustiano Pérez Sánchez, Guadalupe Vázquez Jacinto y Omar Torres Orozco respaldaron el dictamen, al argumentar que se trata de un primer paso para reducir privilegios en la política, optimizar recursos públicos y redirigirlos hacia áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura.
La reforma aprobada deberá ser armonizada en la Constitución Estatal y en la Ley Orgánica Municipal, y entrará en vigor hasta la próxima legislatura, que iniciará en septiembre de 2027.
