Ciudad de México.– Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, las bancadas de Morena, PVEM y PT aprobaron en lo general la nueva Ley General de Aguas, una reforma que, según la mayoría parlamentaria, “pone fin al abuso de concesiones y a la sobreexplotación”, pero que para la oposición representa un mecanismo de control político sobre el recurso hídrico.
Morena defiende que la ley ordena el sistema de concesiones y frena el acaparamiento
Al presentar la fundamentación, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, aseguró que la reforma transformará el régimen del agua en México, garantizando efectivamente el acceso al recurso como derecho humano.
Sostuvo que el nuevo marco legal:
Ordena y transparenta el sistema de concesiones y asignaciones.
“Pone fin al acaparamiento y a la sobreexplotación”.
Crea un Registro Público Nacional del Agua “realmente público y accesible”, para terminar con los manejos opacos.
Además, aseguró que la transmisión de tierras vinculadas a títulos de concesión no afectará los derechos del nuevo propietario, quien conservará el uso y aprovechamiento del recurso.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respaldó el dictamen y lanzó una advertencia:
“Vamos a denunciar a los acaparadores, a quienes han hecho del agua una mercancía. No puede haber comunidades sin agua mientras otros trafican ilegalmente con el vital líquido”.
Oposición: es una ley de control y un instrumento de presión política
La oposición —PAN, PRI y parte de MC— dio un giro completamente distinto al debate, acusando que la ley abre la puerta a un “clientelismo hídrico” y concentra el poder sobre el agua en manos del gobierno federal.
La diputada del PAN, Annia Gómez Cárdenas, afirmó que la propuesta no busca garantizar el derecho al agua, sino subordinarlo a la voluntad del gobierno.
“Esta no es una Ley de Aguas, es una ley de control. El agua dejará de ser un derecho y se convertirá en un permiso del gobierno: un permiso que se puede quitar, modificar o negar”, señaló.
Advirtió que la reforma convierte al campesino en sospechoso y al burócrata en dueño, y acusó que se protege a actores cercanos al poder mientras se criminaliza la producción agrícola.
Recordó los nombres de figuras señaladas como presuntas acaparadoras de concesiones, entre ellas la exministra Olga Sánchez Cordero, cuestionando el volumen concesionado.
Desde el PRI, el diputado Humberto Ambriz denunció que la ley prohíbe la transmisión libre de derechos de agua, lo que en su opinión divide la propiedad: tierra por un lado, agua por otro, al quedar la concesión sujeta a autorización discrecional de la autoridad.
Criticó además:
Aumento de multas.
Creación de delitos hídricos con penas de prisión.
Ausencia de un mínimo vital de 60 litros diarios por persona.
Falta de auditorías y de una estrategia financiera para fortalecer a Conagua.
El panista Paulo Gonzalo Martínez fue aún más directo:
“Morena está intentando quedarse con el agua de la gente. Vienen del ‘rey del cash’ y del huachicol del combustible; ahora buscan el ‘huachicol del agua’”.
Una ley que divide: instrumento de justicia hídrica o herramienta de control
Mientras la mayoría oficialista sostiene que la nueva Ley General de Aguas permitirá ordenar, transparentar y redistribuir el acceso al recurso hídrico, la oposición ve en el dictamen una centralización peligrosa, capaz de afectar a productores, campesinos y concesionarios, y de convertir el agua en un factor de presión política.
La discusión continuará en lo particular, donde se espera que la oposición presente reservas, aunque con pocas posibilidades de modificar el núcleo del dictamen ya aprobado.