Ciudad de México. – Con el respaldo de la bancada de Movimiento Ciudadano, diputados de Morena y sus aliados aprobaron la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que otorga a las instituciones de seguridad pública acceso a bases de datos personales, biométricos, fiscales, telefónicos y vehiculares, entre otros, con el objetivo de prevenir e investigar delitos.
La reforma fue avalada en lo general con 368 votos a favor de Morena, PVEM, PT y MC, mientras que el PAN y el PRI votaron en contra con 101 sufragios. En lo particular, obtuvo 324 votos a favor y 117 en contra.
La legislación crea el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como responsable de operar la Plataforma Central de Inteligencia y administrar la información obtenida para generar productos de inteligencia.
El artículo 12 de la ley amplía el acceso de las autoridades a registros públicos de la propiedad, padrones de detenidos y sentenciados, catastros, bases de datos de armas de fuego, información de servicios financieros, transporte, telecomunicaciones, comercio, marítima, e incluso datos de salud en poder de autoridades o particulares.
Además, el artículo 30 establece que la Plataforma deberá conectarse en tiempo real a cualquier sistema, banco de datos o fuente de información pública contemplada en la ley, así como a otras que, a criterio del Consejo Nacional, puedan ser útiles para fines de inteligencia.
La reforma obliga a integrar sistemas de inteligencia de los tres órdenes de gobierno e incluso de entes privados mediante convenios, para coordinar la persecución de delitos, principalmente de alto impacto.
Si bien el dictamen argumenta que la medida busca mejorar la eficacia de las investigaciones y prevenir delitos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos digitales han advertido el riesgo de vulnerar el derecho a la privacidad y la protección de datos personales de la población. La falta de candados claros para garantizar el uso proporcional y legítimo de estos datos podría abrir la puerta a abusos o a un uso discrecional de la información, especialmente en un contexto de escasa supervisión y de persistencia de violaciones a derechos humanos en el país.
El acceso a datos biométricos, de salud y financieros sin órdenes judiciales explícitas o sin mecanismos de rendición de cuentas robustos también genera inquietud en sectores académicos y defensores de derechos humanos, que advierten posibles afectaciones a las garantías individuales.
Durante la sesión, los legisladores guardaron un minuto de silencio por las personas desaparecidas en el país, así como por una madre buscadora asesinada recientemente en Jalisco mientras intentaba localizar a su hijo.
El debate se prolongó hasta los primeros minutos de este jueves con la discusión de más de 200 reservas, reflejando la polarización sobre la iniciativa.
El dictamen será turnado al Senado, donde aún podrían plantearse modificaciones y una revisión más exhaustiva de su constitucionalidad y compatibilidad con el respeto a los derechos fundamentales.