Durante la última década, activistas e investigadores han manifestado que la mina Los Cardones es el principal riesgo que tiene la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna ya que, aunque se ha anunciado la anulación del proyecto, sus propietarios aún cuentan con concesiones mineras y autorización ambiental vigentes.
En este contexto, asociaciones civiles y ciudadanos de la entidad se unieron para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la cancelación definitiva de Los Cardones.
Hacen hincapié en los impactos negativos y afectaciones irreversibles que el proyecto minero podría causar al Área Natural Protegida (ANP).
La Semarnat ya admitió un recurso de revisión el 10 de agosto, el cual fue interpuesto por las organizaciones. En este se solicita la anulación de la autorización ambiental otorgada en 2014 al proyecto minero promovido por la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V.
“Una resolución favorable por parte de la Semarnat sería un primer paso para que la tan anunciada cancelación del proyecto minero se materialice en un documento oficial”, preciaron las asociaciones en un comunicado.
En su visita de marzo de 2019 Baja California Sur, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del proyecto.
Hasta octubre de 2022, el mandatario insistió en que Los Cardones ya estaba cancelado, sin embargo, no hay rastro ni evidencia de un documento que formalice las declaraciones del presidente.
La asociaciones precisaron que la Semarnat señaló no haber recibido solicitudes por parte de la Presidencia de México para cancelar el permiso otorgado a este proyecto, lo que quiere dedir que aún cuentan con la autorización de impacto ambiental.
De acuerdo a la Secretaría de Economía, las 15 concesiones mineras relacionadas con el proyecto continúan vigentes, algunas hasta el 2055.
Cabe recordar que Los Cardones consiste en la realización de obras y actividades para la explotación de mina a cielo abierto en una superficie de 439.51 hectáreas en el municipio de La Paz.
Investigadores y organizaciones hacen hincapié en que una actividad de este tipo representa un riesgo ambiental ya que pretenden ubicarse en áreas que contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos que abastecen aproximadamente al 67% de la población del estado.
