El veto que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aplicó a la reforma del Código Civil que permitía la adopción homoparental no ha pasado desapercibido para las asociaciones de la comunidad LGBT+, que observan posibles fines electorales en esta decisión del titular del Poder Ejecutivo de Baja California Sur.
Asociaciones como Aliadxs LGBT+ Los Cabos enfatizan que el gobernador está haciendo un cálculo político muy cómodo y muy fácil al anotarse puntos y no crear tensión en un año electoral.
“Es muy coincidente que justo a la puerta de las elecciones del proceso electoral del 2024, el gobernador use su poder constitucional de veto para ponerle freno a un tema que sabe que puede crearle ´enemigos´”, subraya el colectivo.
“Esta idea de que están con la comunidad LGBT se nota solamente cuando se trata de apuntar votos, se trata de cuando estamos en el momento de prometer y en el momento de entregar o en el momento de realmente cumplir no somos prioridad”, agregan.
Para describir la decisión de veto del mandatario, recordaron la frase de Martin Luther King que dice que la justicia retrasada es lo mismo que la justicia denegada.
“Creemos que es un signo del trabajo que nos queda como comunidad para construir un entorno en el que nuestros derechos sean vistos como fundamentales realmente, porque creo que justamente lo que se vio que ahora la oficina del Gobernador está intentando desestimar como un tema de proceso, un tema de quién dictaminó la ley, no es una razón legítima” precisaron.
“Lo que nos dice es que para ellos son más importantes las consideraciones políticas y las sensibilidades de los grupos conservadores que los derechos fundamentales de las personas”, señalaron.
Coinciden en que los argumentos del gobernador para vetar la reforma, como el no haber sido dictaminada en determinadas comisiones del Congreso, no es un fundamento real para evitar la publicación.
Sostienen que, cuando existe una inquietud sobre el impacto de una ley que viene o que se desprende de un derecho fundamental que está protegido por la Constitución y el derecho internacional, no es una cuestión que requiera un análisis legislativo excesivo para su implementación.
“Realmente lo que bien pudo haber hecho, la opción que tenían en la mesa era firmar la ley y después reglamentarla de forma que pudiera atender a las consideraciones o preocupaciones que pudieran tener las comisiones”, finalizaron.
