El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, reiteró que continúan las investigaciones de la denuncia por las irregularidades detectadas en la contratación del artista internacional, Chayanne.
El funcionario declaró que la Fiscalía está investigación e, incluso, ya se hicieron solicitudes de información sobre el caso y en su momento se van a valorar estos datos.
“Sí tenemos una carpeta de investigación, se van a realizar todos los actos para esclarecer el hecho, hay que entender que los investigadores penales, el fin del proceso penal es esclarecer el hecho. Si en el hecho de responsabilidad pues se ejercita la acción penal, pero si no hay responsabilidad pues no se ejercita la acción penal”, mencionó.
“En este caso, la obligación nuestra es realizar todos los actos de investigación y en su momento esclarecido el hecho determinar si hay consecuencia penal o no hay consecuencia penal”, precisó.
Recordó que las investigaciones no tienen un término establecido, de acuerdo a la complejidad del hecho es el tiempo que tomará resolver o avanzar.
Asimismo, reconoció que el fuero de servidores públicos es un obstáculo en este y otros casos que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
“En su momento las investigaciones avanzan y hay que ser muy claros, los servidores públicos en Baja California Sur, de acuerdo al artículo 158 y 159 de la Constitución Política tienen fueron Constitucional, esto constituye un obstáculo real para que se pueda judicializar la carpeta directamente sin acudir al Congreso a solicitar esta declaración de procedencia llamada comúnmente desafuero”, comentó.
“Comentarles que tienen fueron infinidad de servidores públicos, nosotros desde la Fiscalía Estatal Anticorrupción consideramos que no debería de haber ningún servidor público con fuero, pero es una realidad”, añadió.
Cabe recordar que la Fiscalía recibió una denuncia por el delito de peculado, esto ante señalamientos de irregularidades en la contratación de Chayanne.
Presuntamente, autoridades municipales habrían otorgado un monto de 18 millones de pesos a una empresa particular para que diera el anticipo del espectáculo delito cantante.
