En la sesión pública del 7 de noviembre del Congreso del Estado, el diputado local por el Partido del Trabajo, Christian Agúndez Gómez presentó una propuesta de reforma al articulo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado con la que el Gobierno del Estado a través de sus dependencias de administración controlaría más de 2 mil millones de pesos de diversos fideicomisos públicos como el Fiturca, el Fitues, el FOIS y Fonmar, en los que actualmente participa la sociedad civil organizada y la iniciativa privada con voz y voto.
De acuerdo al comunicado oficial sobre la propuesta del legislador local por Los Cabos, la medida busca “fortalecer” y “endurecer” el destino del recurso público que determinan los comités técnicos de los fideicomisos públicos.
Agrega que “al lograr que los fideicomisos se integren en su mayoría por funcionarios públicos, estaríamos blindando, aún más, los intereses del pueblo sudcaliforniano, puesto que cada decisión que se tome debe de ser en beneficio de nuestra sociedad”.
Cabe destacar que actualmente en la mayoría de estos fideicomisos, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada participan con voz y voto en la toma de decisiones, en tanto que en la propuesta de Agúndez Gómez, quedarían fuera de los fideicomisos.
LA INICIATIVA
Con base en la propia exposición de motivos de la iniciativa presentada por el diputado Christian Agúndez, en lo que hace en la creación de fideicomisos de los Ayuntamientos de Baja California Sur, el la Ley Orgánica del Gobierno Municipal se establece que para su integración se contará con el director general y un comité técnico integrado por un representante de la Tesorería Municipal, un representante de la Contraloría Municipal, que participa con voz, pero no con voto; un representante de la institución que funja como fiduciaria.
Añade que “hacia el final se dispone que para llevar el control y evaluación de los fideicomisos públicos, se establecerá en su contrato constitutivo la facultad de la contraloría municipal de realizar visitas y auditorías, así como la obligación de permitir la realización de las mismas por parte de auditores externos que determine el Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Congreso del Estado, además de que en la cuenta pública municipal se deberá informar y anexar el resultado de las auditorías practicadas”.
Sin embargo, señala el texto de la iniciativa, en el caso de los fideicomisos públicos del estado, la legislación actual “no es rígida para establecer de qué manera se deberían integrar los comités técnicos en materia de fideicomisos estatales, a diferencia de la constitución de los fideicomisos municipales”.
Cabe mencionar que el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, en su texto actual dice:
“ARTÍCULO 54.- Los fideicomisos públicos se regirán por comités técnicos que fungirán como órganos de gobierno y se integrarán con autorización del Gobernador del Estado. Asimismo, podrán contar en cada caso con un Director General”.
Por ello, el legislador petista, propone que quede:
“ARTÍCULO 54.- Los fideicomisos públicos se regirán por comités técnicos que fungirán como órganos de gobierno y se integrarán con autorización del Gobernador del Estado, con lo siguientes integrantes:
I.- El Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración;
II.- El Titular de la Secretaría de la Administración Pública Centralizada del Estado, que de acuerdo con los fines del fideicomiso deba intervenir, o en su caso, el Titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Descentralizada que lo deba de hacer; III.- El Titular de la Contraloría General del Estado;
IV.- Un representante del fiduciario;
V.- Un Director General, y
VI.- Un Comisario encargado de la vigilancia que será designado por la Contraloría General del Estado, quien participará con voz pero sin voto.
Por cada miembro propietario del comité técnico habrá un suplente que lo cubrirá en sus ausencias, y ambos miembros desempeñarán sus cargos de manera honorífica”.
Es claro que en la propuesta el legislador no incluye como parte de la integración de los fideicomisos, a ningún representante de la sociedad civil organizada y/o de la iniciativa privada, tal como actualmente funcionan para la toma de decisiones los fideicomisos públicos de Baja California Sur.
LOS FIDEICOMISOS.
Desde hace varios años en Baja California Sur se han instaurado fideicomisos públicos que destinan recursos para tareas específicas donde se involucra a la sociedad civil organizada y a la iniciativa privada para vigilar y cerciorarse que los recursos sean manejados de manera transparente y destinados única y exclusivamente para las tareas para los que fueron encomendados.
Actualmente en Baja California Sur existen diversos fideicomisos que en su conjunto operan y ejecutan más de 2 mil millones de pesos anuales, entre los que destacan:
-El Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, con 900 millones de pesos anuales.
-El Fideicomiso de Promoción Turística de La Paz, con 200 millones de pesos anuales.
-El Fideicomiso de Promoción Turística del Estado, con 600 millones de pesos anuales.
-El Fideicomiso para Obra e Infraestructura Social (FOIS), con 165 millones de pesos anuales.
-El Fondo para la Protección de Recursos Marinos (FONMAR).
Con la iniciativa presentada por el legislador Agúndez Gómez que deja fuera de la participación de los fideicomisos a la representación social; y en su lugar que sean funcionarios públicos quienes los operen, se pondría en riesgo que por mandato del Gobernador en turno, en los comités de los fideicomisos se determinara su extensión o en su defecto aprobar que los recursos fueran destinados a otras áreas o para su uso discrecional.
