La Paz, Baja California Sur.– El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en La Paz, Noé de la Rosa, advirtió que el Gobierno del Estado pretende cargar sobre el bolsillo de las y los sudcalifornianos el recorte de más de 600 millones de pesos aprobado en el Presupuesto Federal 2026, mediante la creación de nuevos impuestos y la modificación de la Ley de Hacienda de varios municipios.
De la Rosa recordó que, pese al impacto financiero que implica la reducción de recursos para la entidad, los diputados federales de Baja California Sur votaron a favor del presupuesto, lo que –dijo– dejó al estado con un hueco presupuestal que ahora se intenta compensar a nivel local.
Nuevos impuestos tras el recorte federal: “Lo quieren recuperar de nuestros bolsillos”
El dirigente del PRD señaló que el Congreso del Estado recibió el 2 de diciembre una iniciativa que plantea nuevos cobros para municipios como La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, mediante la creación del llamado Impuesto al Saneamiento Ambiental.
La propuesta contempla:
Cobro del 70% de una UMA por noche de hospedaje en cualquier modalidad: hotel, hostal, habitación o casa de huéspedes, en todo Baja California Sur.
Cobro del 70% de una UMA a quienes presten servicios con embarcaciones deportivas.
Cobro del mismo monto a prestadores de servicio de autotransporte.
Cobro del 3% del valor del bien inmueble adquirido por compraventa.
En caso de donación, 1.5% del valor del avalúo del inmueble.
El líder perredista cuestionó que incluso hospitales, casas de asistencia, instituciones de beneficencia, escuelas privadas y centros culturales deberán pagar el 50% del impuesto, pese a su labor social.
“¿Por qué castigar más al ciudadano por los errores de este gobierno? Esto es cargarle al sudcaliforniano el dinero que ellos mismos negaron a Baja California Sur en el Congreso Federal”, afirmó.
Acelerado proceso legislativo
De la Rosa advirtió que la propuesta podría votarse en solo siete días, pues la última sesión del Congreso está programada para el 9 de diciembre, y la iniciativa establece que los nuevos impuestos entren en vigor el 1 de enero de 2026, sin mayor discusión pública.
“Ni siquiera se dieron el tiempo de pensar cómo recuperar el recurso: simplemente decidieron sacarlo del bolsillo de la gente”, denunció.
El dirigente llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y a no permitir que, bajo el argumento del recorte federal, se impongan cargas que afecten la economía de las familias y del sector productivo.