Ciudad de México.– Durante el Consejo Nacional de Morena, donde el partido definió la ruta crítica de sus procesos internos rumbo a las elecciones de 2027, surgió una de las medidas más relevantes para la selección de perfiles: someter a revisión a los aspirantes para evitar la infiltración de personas vinculadas con actividades criminales. El tema ha sido retomado por diversos medios nacionales, entre ellos El Financiero, PolíticoMX, El Debate y Milenio.
De acuerdo con la información publicada por El Financiero, la propuesta fue expuesta por el senador Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien informó que el partido acordó revisar los antecedentes de quienes busquen contender por cargos de elección popular.
Según esa versión, Reyes Carmona señaló que se debe “cuidar a los perfiles que llegan hacia adentro del movimiento” y revisar quién suma y quién podría restar al partido. En ese contexto, indicó que, para evitar que se filtren candidatos presuntamente ligados a grupos criminales, todos los aspirantes deberán pasar por el escrutinio de la Fiscalía General de la República y que Morena se reservará el derecho de admisión.
La discusión se dio en el marco de la definición de reglas internas para elegir a los futuros coordinadores de la defensa de la transformación, figura que en los hechos perfila a quienes después buscarán gubernaturas, diputaciones federales, alcaldías y diputaciones locales en 2027. Morena fijó, además, un calendario para esas definiciones internas.
En la misma jornada, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que el partido no renuncia a su esencia y que quienes se incorporen deben hacerlo con convicción, honestidad y buena fama pública. También recordó que el Consejo Nacional ya había mandatado la creación de un Comité de Evaluación de Incorporaciones para analizar y, en su caso, admitir o rechazar afiliaciones de figuras públicas provenientes de otras fuerzas políticas.
Además del filtro sobre perfiles, Morena aprobó reglas para sus procesos internos, entre ellas la prohibición de actos anticipados de campaña, promoción ostentosa, uso de recursos públicos, campañas negras y prácticas clientelares, como parte de un intento por cerrar el paso a conflictos internos y candidaturas cuestionadas.