El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) tiene desde hace casi 1 año a una comisionada en Baja California Sur para brindar representación extraordinaria a víctimas indirectas o sobrevivientes en los delitos de feminicidio o tentativas de feminicidio en los que es evidente una violación a derechos humanos o un retraso exesivo en las carpetas de investigación o causas penales.
La comisionada a la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Rocío Soria Flores apoya en Baja California Sur con asesorías federales en el proceso de los casos de manera gratuita y ayuda a las víctimas y sus familias sin importar en qué rincón del Estado se encuentren. Este apoyo se puede solicitar a través del Instituto de la Mujer o la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Al ser los delitos de feminicidio o tentativa de feminicidio del fuero común, es decir, competencia Estatal, se brinda el apoyo de forma “extraordinaria”, el cual se realiza en cada Estado del país desde hace poco más.
En el Estado la comisionada ha estado apoyando 14 casos de los cuales solo 4 llevan la representación extraordinaria. Mencionó que unas de las razones por las cuales los procesos se vuelven dilatorios es por la alta demanda de trabajo que tienen los asesores jurídicos y jueces, de quienes depende la movilización de la carpeta y el avance del proceso.
“Hemos tenido que trabajar con el poder judicial porque dicen que no sabían de la figura que nosotros tenemos, no venimos a quitarles el trabajo sino a coadyuvar, si el asesor jurídico no puede y tiene carpetas que no ha podido sacar nos la puede pasar pero no hemos tenido esa apertura”, señaló.
Agregó que a diferencia de los casos que se llevan en el Poder Judicial Federal, los procesos son muy lentos en el Estado, sin embargo; esto es porque en la Federación es un poder autónomo y en los estados dependen del Gobierno del Estado y del presupuesto que se les da, de ahí el problema de la carga demandante de trabajo.
