Durante el gobierno municipal de Esthela Ponce Beltrán, la figura del excomandante de Seguridad Pública, Juan Antonio Salgado Burgoin, trascendió en protestas que exigían dignidad laboral para los policías de La Paz. Hoy se cumplen 8 años de su asesinato sin que, hasta el momento, las autoridades estatales hayan aclarado el crimen.
El 21 de febrero de 2014, Salgado Burgoin fue asesinado en un ataque con armas de fuego en la colonia Misiones en la ciudad capital. Había recogido a su hija en la escuela y se dirigía hacia su hogar, fue interceptado por un vehículo que abrió una ráfaga de disparos en contra de su unidad en las calles La Purísima y Mulegé.
Los paramédicos que llegaron a la escena confirmaron que Burgoin cubrió con su cuerpo a su hija, la menor de 10 años de edad resultó con una lesión por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho.
Su hija salió de peligro, Burgoin murió ese día y con él la lucha que encabezó por la mejora de salarios y dignidad laboral en la corporación municipal.
En 2013, se organizó junto con un grupo de elementos y conformaron la Unión de Policías Municipales (UPM). Se convirtieron en la principal oposición de Esthela Ponce, quien en ese entonces encabezaba el Ayuntamiento de La Paz.
Juan Antonio, como portavoz de sus compañeros, se enfrentó directamente a los altos mandos de la instancia, como Noé López, en esa época director de Seguridad Pública Municipal.
En una ocasión buscaron realizar una huelga indefinida en las instalaciones del Ayuntamiento de La Paz, sin embargo, fueron retirados por la fuerza por medios de oficiales de la Policía Municipal.
Las constantes manifestaciones y enfrentamientos que las autoridades desembocaron en la destitución de Salgado Burgoin a finales de enero de 2014. 20 días después fue asesinado y las interrogantes sobre el crimen aún continúan en el aire.
No sólo se apagó la vida de Salgado Burgoin, también la lucha que emprendió. Las condiciones laborales de las y los agentes municipales no es muy distinta a la de hace 8 años. Los sueldos no les permiten una vida digna, incluso los pocos beneficios que obtuvieron les fueron retirados.
Apenas inició la administración de la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, cuando recortó las becas de estudio para el cuerpo policiaco. Antes de esto contaban con otras compensaciones como el bono del subsidio del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Los decolorados uniformes que portan también son un signo de las carencias que enfrentan al pertenecer a la corporación ya que, si bien les va, reciben uno cada año y medio.
Sobre el esclarecimiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) rara vez informa sobre avances en la carpeta de investigación o, más lejano aún, resultados.
Cuando se ha cuestionado al procurador de justicia, Daniel de la Rosa Anaya, únicamente refiere que las diligencias de este y otros casos emblemáticos que no han sido resueltos continúan avanzando.
Y es así como año tras año, la impunidad continúa abrazando el caso Burgoin, mientras la precariedad policiaca se acentúa en quienes aceptan ser guardianes del orden en el paraíso turístico que pretende ser La Paz.
