Angélica Arenal Ceseña, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, expuso que desde 2019 a la fecha se han interpuesto alrededor de 300 demandas por parte de conductores de Uber en contra del Ayuntamiento de Los Cabos, de los cuales el 90% ha sido ganado por trabajadores de esta plataforma digital
La magistrada presidenta explicó que estas demandas son individuales y no se pueden promover de manera colectiva. Cada una conduce a un juicio de nulidad en el que se busca dejar sin efecto alguna sanción o acción por parte de una autoridad, en este caso en particular multas de Tránsito en contra de conductores de Uber.
Señaló que han tenido “muy buena respuesta” por parte de la autoridad municipal para obtener de regreso los recursos de las multas impuestas.
“A diferencia del amparo, como les comentaba, allá se ve la constitucionalidad o no de una legislación. Nosotros no tenemos competencia para ello, nosotros lo que revisamos es que la autoridad que lleve a cabo un acto tenga la competencia y lleve a cabo el procedimiento de actuación que debe tener conforme a la Ley y el Reglamento de Tránsito”, explicó.
Comentó que ha bajado el número de demandas que han recibido como instancia, esto en comparación de años anteriores, sin embargo, sí han seguido llegando casos de personas que denuncian haber sido afectadas por algún procedimiento de alguna autoridad municipal.
Cualquier persona que se sienta afectada por un acto de autoridad puede interponer una demanda para promover un juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Alternativa. Para ello deberán acreditar la propiedad del vehículo, así como presentar la multa e inconformarse respecto a la imposición.
“Muchas veces es que no tienen competencia, que no se hizo el dictamen como tiene que ser, que el juzgado cívico no atendió su reclamo; son muchas circunstancias”, detalló.
En caso de que se resuelva a favor del demandante, se anula la multa; si ya la pagó se ordena que se reintegre el dinero a la persona, pero esto no respalda ante futuras acciones gubernamentales ya que no funciona como un amparo.
Añadió que el caso particular de Quintana Roo es que un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió la entrada de operaciones de Uber.
“El amparo, tengo entendido que se resolvió allá en Quintana Roo, fue respecto a la ley en materia de transporte de ese estado. Se tendría que revisar qué es lo que se legislaba y saber si se adapta a la condiciones de Baja California Sur, son condiciones diferentes”, argumentó.
Para que esto permee en Baja California Sur es necesario que la SCJN revise la Ley de Movilidad y que cualquier persona que se sienta afectada alegue esta problemática.
