La Paz, Baja California Sur.– El Congreso del Estado detuvo de manera temporal el proceso de dictaminación de la reforma impulsada por el gobernador Víctor Castro Cosío para incrementar y crear nuevos cobros en los servicios de Protección Civil, una propuesta que contemplaba aumentos que, en algunos conceptos, llegaban hasta el ochocientos ochenta por ciento.
La decisión fue anunciada por la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos —presidida por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto e integrada por los diputados Eduardo Valentín Van Wormer Castro y Karina Olivas Parra—, la cual informó que, por ahora, no habrá cambios ni aumentos en las tarifas que actualmente cobra la Subsecretaría de Protección Civil. Todos los cobros y procedimientos vigentes se mantienen sin modificaciones.
De acuerdo con la iniciativa original, la propuesta del Ejecutivo ampliaba el catálogo de cobros de diez a veintiún conceptos, además de elevar de forma considerable varias tarifas. Entre los incrementos planteados se encontraban:
El registro de asesor y elaboración del Programa Interno, que pasaría de seis mil pesos a poco más de veinte mil pesos.
Revisiones de programas internos para negocios pequeños que subirían de trescientos pesos a más de mil 400 pesos.
En el caso de empresas con doscientos trabajadores o más, la revisión del Programa Interno pasaría de mil 500 pesos a más de catorce mil 700 pesos, es decir, un incremento de hasta 880%.
Además, se contemplaban nuevos cobros para empresas de riesgo alto, eventos masivos con y sin fines de lucro, certificaciones y dictámenes en materia de explosivos y sustancias químicas peligrosas.
Ante el potencial impacto financiero para comercios, empresas y sectores productivos, la Comisión determinó pausar el dictamen para realizar un análisis “más amplio, profundo y responsable” que incluya los alcances administrativos, económicos y sociales de la propuesta.
La XVII Legislatura y la Comisión de Asuntos Fiscales reiteraron su compromiso con la transparencia y la construcción de consensos, señalando que las reformas en materia de cobros deben surgir del diálogo con la ciudadanía y los sectores productivos, y con plena conciencia del impacto que generan en la economía local.
El Congreso del Estado de Baja California Sur aseguró que continuará trabajando con apertura y cercanía social, priorizando el interés público, la estabilidad económica y el bienestar de las familias sudcalifornianas.