El 25 de abril cambió la vida para Alexandra Álvarez, científica que practicaba buceo en Balandra cuando fue arrollada por la embarcación San Miguel III. Han pasado casi dos meses desde el siniestro y en este tiempo, se ha enfrentado a un proceso judicial lento y lleno de negligencias.
Denunció que las investigaciones están plagadas de situaciones dilatorias y omisiones, incluso las heridas que le provocó la embarcación fueron catalogadas como “lesiones simples” por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Mi pierna está aquí, las heridas están sanando, pero yo no tengo ninguna garantía de que yo voy a volver a ser esta persona; de que yo voy a volver a ser esta persona ni que me voy a poder reintegrar a mis actividades”, expresó.
Alexandra, científica con más de dos décadas de labor para proteger recursos de la entidad, comentó que el gobierno no hizo lo más mínimo correspondiente para darle la atención que requería.
“Al día de hoy han pasado 53 días, pasaron casi 28 para que el Ministerio Público levantara la declaración. Pasó casi un mes para que se me asignara asesoría jurídica pública porque no cuento con recursos”, señaló.
También denunció que pasaron casi 30 días para que el Ministerio Público mandara a un perito para encontrar rastros biológicos de ella en la embarcación que la arrolló.
“Ustedes creen que realmente si el accidente ocurrió en el mar y después de 30 días iban a encontrar algo mío todavía en las propelas, cuando no consignaron la lancha y la lancha siguió dando servicios turísticos”, mencionó.
Acusó que los elementos de la PGJE tampoco han hecho verificación del sitio como corresponde y, a casi dos meses, sus testigos no han sido llamados a declarar.
Los gastos médicos ascienden a más de medio millón de pesos, que ha podido cubrir gracias a la organización ciudadana, según cuenta.
“No pido que hagan nada extra por mí, no pido que me den la razón. Sólo pido que hagan la labor que corresponde para este tremendo incidente”, enfatizó.
