El Presidente del PAN en Baja California Sur, Rigo Mares, advirtió que la iniciativa del Gobierno del Estado para reformar la Ley de Derechos y Productos constituye “un tarifazo desproporcionado y abusivo” que afectará directamente a comercios, pequeñas empresas, giros regulados y al sector turístico.
En rueda de prensa, señaló que, bajo el argumento de fortalecer la protección civil, el gobierno pretende imponer 14 aumentos a cobros existentes —varios superiores al 600%, 1,000% y hasta 1,800%— además de crear cinco nuevos cobros, entre ellos las llamadas “anuencias para eventos masivos”, una figura que, subrayó, no existe en la Ley de Protección Civil del Estado.
“Esto no es fortalecer la protección civil. Esto es simplemente voracidad recaudatoria”, afirmó el dirigente panista.
Rigo Mares ejemplificó algunos de los aumentos: un capacitador independiente pasaría de pagar 3,000 a más de 20,000 pesos por su registro, un incremento superior al 580%; un pequeño negocio con menos de 10 trabajadores vería subir su cuota de 300 a casi 1,500 pesos; y si ese mismo establecimiento es clasificado como “de riesgo alto”, el costo ascendería a casi 6,000 pesos, aun cuando la ley no define de manera clara qué significa cada grado de riesgo.
Agregó que la reforma incorpora conceptos inexistentes en la legislación actual, lo que abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción.
Cuestionó que al crear cobros como las anuencias para eventos masivos, el gobierno podría terminar controlando y cobrando incluso el derecho constitucional de reunión. “No se puede crear un derecho que no existe en la ley para cobrar por él. Eso no es administración, eso es abuso”, señaló.
El dirigente llamó a dimensionar el impacto real en la economía local. Mencionó que dueños de pequeñas tiendas tendrían que pagar certificaciones superiores a 700 pesos; transportistas de combustibles enfrentarían dictámenes anuales de más de 22,000 pesos, costos que inevitablemente se trasladarán al consumidor; y sectores como el hotelero y restaurantero verían afectada su competitividad con incrementos que, advirtió, “fomentan la informalidad y castigan a quienes trabajan legalmente”.
Mares denunció también la falta de transparencia del proceso legislativo.
Afirmó que no hubo consulta con cámaras empresariales, profesionistas, comerciantes, transportistas ni con ningún sector afectado, y que se pretende aprobar la reforma “en fast track” sin un solo estudio técnico que justifique los montos. “La única justificación es recaudar más, sin importar el daño que se cause a la economía local”, expresó.
Destacó que la diputada panista Lupita Saldaña ya exigió la revisión del dictamen, y sostuvo que el PAN respalda plenamente esta postura. Llamó al Congreso del Estado a no aprobar el dictamen en segunda lectura y a abrir mesas de trabajo con todos los sectores involucrados.
“La protección civil no se fortalece golpeando la economía de las y los sudcalifornianos. La prevención de desastres es responsabilidad del Estado, no un pretexto para imponer cobros excesivos”, concluyó.