Trabajadores de la educación denunciaron que están siendo víctimas de acoso por parte de autoridades judiciales, esto tras finalizar el paro magisterial que duró casi un mes en Baja California Sur.
Específicamente, los líderes del magisterio señalan que han recibido visitas de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) que los acusan de obstruir la carretera transpeninsular.
Cabe recordar que el 26 y 29 de abril, las y los maestros bloquearon la carretera de La Paz al Aeropuerto, esto como parte de las protestas ante la negativa del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, para dialogar con el magisterio.
Los implicados exponen que este acto de acoso judicial constituye un claro exceso de autoridad y hostigamiento que violenta los derechos humanos de las y los maestros.
Recordaron que la Constitución Política de México protege de manera explícita el derecho a la libre expresión y protesta pacífica en los artículos 6 y 9.
“Estos derechos están respaldados por tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que México ha ratificado y que refuerza la obligación del Estado de proteger la libertad de expresión y de reunión pacífica”, reiteran los afectados.
Denunciaron que las notificaciones de la FGR a las y los maestros, basadas en la supuesta obstrucción de la carretera, representan un uso indebido del Poder Judicial con el propósito de intimidar y disuadir a las y los ciudadanos de ejercer sus derechos.
“Esto constituye un claro exceso de autoridad y hostigamiento, vulnerando los principios de proporcionalidad y legalidad que deben guiar la actuación de las autoridades”, enfatizan.
Otro punto que agregan es que los domicilios a donde están llegando las notificaciones de la FGR coinciden con los registros que están en poder de la SEP.
“Esta coincidencia, por decir lo menos, nos deja en una situación de perplejidad y abre interrogantes sobre el proceso de obtención de dichos domicilios por parte de la Fiscalía” , cuestionaron.
Las y los profesores hicieron hincapié en la duda de si la SEP está facilitando información sobre domicilios a la FGR.
“La confianza en la integridad del proceso se ve comprometida cuando se suscitan situaciones como esta, donde la coincidencia parece ir más allá de lo casual”, subrayaron.
Por último, recordaron que la CNDH ha emitido recomendaciones que enfatizan la obligación de las autoridades de respetar y proteger el derecho a la protesta pacífica, señalando que cualquier acto de hostigamiento o intimidación es inaceptable y contraviene los principios democráticas y de justicia.
