Ciudad de México.– Exalumnos de la licenciatura en Derecho de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se manifestaron la mañana de este miércoles en los accesos de Palacio Nacional para denunciar que, pese a haber concluido sus estudios, no pueden ejercer su profesión debido a que sus historiales académicos, certificados y títulos no han sido registrados ante la Dirección General de Profesiones.
Las universidades del Bienestar fueron creadas en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como uno de los proyectos insignia de la llamada Cuarta Transformación, con el objetivo de ampliar el acceso gratuito a la educación superior en zonas marginadas. No obstante, a casi seis años de su implementación, egresados acusan graves fallas administrativas que les impiden incorporarse al mercado laboral formal.
Evangelina Silva, egresada de la generación 2019–2023, relató que durante más de tres décadas buscó estudiar Derecho y confió en el proyecto educativo impulsado por el entonces presidente. Sin embargo, aseguró sentirse engañada. “Creímos en este proyecto y hoy no tenemos ni siquiera el título; es una farsa”, afirmó. A la protesta acudieron egresados de distintas generaciones de la sede Cuauhtémoc, ubicada en el Centro Histórico.
Los manifestantes exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver lo que calificaron como una crisis administrativa atribuida a la gestión de Raquel Sosa Elizaga, directora general del organismo coordinador, quien —señalaron— se comprometió en diversas ocasiones a atender sus demandas sin resultados.
Daniel González, otro de los egresados, indicó que buscan un acercamiento directo con la nueva administración federal para obtener certeza jurídica. “Necesitamos una reunión con el secretario de Educación, Mario Delgado, y, de ser necesario, con la presidenta, para que nos garanticen la entrega de nuestros títulos”, expresó.
Roberto Flores, quien concluyó sus estudios en 2023, actualmente trabaja en un call center. Al igual que otros exalumnos, afirmó que la falta de título y cédula profesional los ha obligado a aceptar empleos como choferes, auxiliares administrativos o trabajadores eventuales, sin posibilidad de mejorar ingresos ni desarrollar su carrera profesional.
Documentación presentada por los egresados muestra que sostuvieron reuniones con funcionarios de la administración anterior, cuando Leticia Ramírez Anaya encabezaba la Secretaría de Educación Pública. Ante la falta de respuestas, algunos promovieron amparos para intentar obtener su cédula profesional por la vía legal.
La problemática se agravó con el cierre del campus del Centro Histórico y el traslado de actividades académicas y administrativas a nuevas sedes en el Parque Ecológico Nabor Carrillo y en Chapingo, en el municipio de Texcoco, lo que ha dificultado el seguimiento de trámites.
Tras la manifestación, los inconformes fueron invitados a dialogar con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, reunión que inició alrededor de las diez quince de la mañana.