Esta tarde, ejidatarios sudcalifornianos llevaron a cabo una protesta en el Congreso del Estado encadenando las puertas del recinto legislativo para exigir que se vote en contra de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Un grupo de ejidatarios aseguraron que el Congreso del Estado no ha escuchado a su pueblo y que la Ley de Equilibrio Ecológico, presentada por la diputada, Gabriela Montoya, lastima porque entrega la soberanía al extranjero.
“Así lo dice el artículo 67 de esta ley de Equilibrio Ecológico, porque ya llevamos una propuesta para que se modifique este artículo de la ley, es triste y lamentable que llegue el extranjero por medio de ANP y asociaciones civiles que vengan a confiscar nuestras bellezas naturales”, reclamaron los manifestantes.
Dicha iniciativa fue presentada en una primera lectura el martes 12 de diciembre, este jueves 14 estaba en el orden del día, sin embargo, fue retirada por decisión de las y los diputados para que ejidatarios retiraran las cadenas de las puertas de la sala de sesiones.
“Es el recinto del pueblo, las personas que están ahí son empleados del pueblo y deben escuchar al pueblo, por eso deben trabajar para el pueblo”, expresaron.
Ejidatarios mantienen una postura en contra de la instalación de ANP, aseguran que este modelo de protección de determinadas zonas daña sus usos y costumbres, asimismo devalúa sus propiedades.
“La gente está muy preocupada con este despojo, estamos perdiendo la soberanía de nuestro estado. Por eso convocamos al pueblo de Baja California Sur y al pueblo de México, son cinco estados costeros que van a dañar”, señalaron.
También se manifestaron en contra de la implementación del Plan de Desarrollo Urbano, acusando que las autoridades de los ayuntamientos buscan entregar el manejo de servicios públicos a empresas y organizaciones extranjeras.
En este punto, autoridades como la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, ha explicado que son falsos los señalamientos en contra del Plan de Desarrollo, ya que con este instrumento se busca garantizar el crecimiento correcto de las ciudades y pueblos del estado.
