Ante la sesión privada y votación en secreto con la que la XVII Legislatura determinó no iniciar el proceso del juicio de desafuero en contra de la diputada del PT, Alondra Torres, y el subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Ariel Castro, la Fiscalía Anticorrupción sólo tiene dos opciones.
El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Lenin Ortiz Amao, detalló que una de ellas es esperar a que estos dos funcionarios terminen su periodo en el cargo que tienen en Congreso y Gobierno, mismos que les dan fuero constitucional.
Por otra parte, existe la opción de que la XVII Legislatura cumpla con la eliminación del fuero constitucional que, según la propaganda nacional, es uno de los compromisos de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, la eliminación del fuero se ha visto frenada por las y los diputados del PT, Morena y sus aliados, ya que en octubre de 2024 la diputada, Guadalupe Vázquez Jacinto, intentó promover la reforma, pero sus homónimos y compañeros de partido bajaron el punto del orden del día.
Ante esta resistencia de desaparecer la protección que en Baja California Sur es excesiva ya que son decenas de cargos los que otorgan el fuero, la Fiscalía Anticorrupción tiene sólo esas dos opciones para avanzar.
En este escenario, el fiscal precisó que hay una suspensión de la prescripción del delito por el que se señala a Alondra Torres y a Ariel Castro, es decir que la persecución judicial no cesará aunque ellos puedan instalarse en otro cargo con fuero cuando terminen su periodo como diputada y funcionario de Gobierno del Estado.
“Si el Congreso del Estado se vale de su propia normatividad para oscurecer, ahora no solamente advertimos que la existencia del fuero es un privilegio, sino que la propia reglamentación del Congreso permite esta impunidad”, manifestó.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción señala a Alondra Torres y a Ariel Castro por el delito de abuso de autoridad por simulación, esto por un hecho registrado en el Ayuntamiento de Los Cabos en 2022, cuando fungían como síndica municipal y secretario general respectivamente.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que se aprobó un pago por más de 14 millones de pesos a una empresa que serviría como intermediaria para que el Ayuntamiento consiguiera un crédito bancario.
Sin embargo, dicha empresa no realizó ningún trámite o servicio a favor del Gobierno Municipal, aun así se aprobó con las firmas de cuatro funcionarios el pago de más de 14 millones de pesos.
El exalcalde y extesorero de Los Cabos, Óscar Leggs y Martín Talamantes, ya fueron vinculados a proceso por este mismo caso y delito.
Por ello, organismos de la lucha contra la corrupción han calificado la decisión de detener el desafuero de Torres y Castro por parte del Congreso como un acto de impunidad, puesto que un juez ya determinó que hay elementos suficientes para iniciar un juicio en contra de los otros dos exfuncionarios involucrados.