La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 37/2024 al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) por atención médica inadecuada que provocó la muerte a una recién nacida en el Hospital General de Subzona #38 (HGSZ-38) en San José del Cabo, esto luego de comprobar que el personal omitió acciones para la prevención de infecciones en el tratamiento de la menor.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la CNDH, la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos internos del IMSS deben investigar la presunta responsabilidad penal y administrativa de 11 personas imputadas por este caso.
Se trata de un caso que se registró en enero de 2023, mes en el que se registró la muerte de la menor que nació el 22 de diciembre de 2022.
Según la narración de hechos de la CNDH, tras una semana de edad, la víctima presentó coloración amarillenta en la piel, por lo que sus padres la llevaron de nuevo al Hospital General #38, donde detectaron niveles altos de bilirrubina.
Por ello la internaron y sometieron a tratamientos de fototerapia, de acuerdo con la Comisión, la intentar canalizarla, el personal la lastimó en el pie derecho; sin embargo, tras atenderla, la dieron de alta ese día.
“Al día siguiente de que fue dada de alta, los padres se percataron que el pie de la menor estaba infectado y que ahora presentaba una bola en la espalda”, narró la CNDH.
Luego de detectar estos nuevos síntomas, el padre y la madre de la menor la llevaron con un médico particular que les indicó acudir de nuevo al Hospital General #38, , donde la hospitalizaron de nuevo aunque no contaban con personal en el área de Pediatría y de ultrasonido.
“El 8 de enero la enviaron al Hospital General de Subzona número 26 del IMSS, en Cabo San Lucas, donde la diagnosticaron con neumonía, misma que se complicó por el cuadro infeccioso que presentaba en el pie”
“Por lo que requería plaquetas y ser enviada a un hospital de La Paz, sin embargo, cuando pretendían trasladarla, falleció por un paro cardiorrespiratorio”, explicó la CNDH.
El caso está en investigación y se espera que haya una resolución en breve, donde se dictamine sobre la situación legal y jurídica de los 11 servidores públicos involucrados.
