La XVII Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo una sesión privada y secreta en la que se votó el dictamen sobre la solicitud de desafuero en contra de la diputada del PT, Alondra Torres, y el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobierno del Estado, Ariel Castro.
Trascendió que en dicha sesión con nueve votos en contra, siete a favor y tres abstenciones, se determinó que no se avanzará con el juicio de procedencia.
Hasta el momento el Congreso del Estado no ha informado sobre este hecho, ni ha notificado a la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes internas del Poder Legislativo mencionaron que las y los diputados de la XVII votaron en secreto, es decir no se conoce el sentido de la votación que cada legislador emitió en este dictamen.
Se argumentó que no existen elementos para que Alondra Torres y Ariel Castro sean juzgados por el caso que investiga la Fiscalía Anticorrupción, esto a pesar de que el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y el extesorero, Martín Talamantes, ya fueron vinculados a proceso por la misma carpeta.
Esto quiere decir que ya hubo una autoridad judicial que determinó que hay elementos para que los exfuncionarios sean sometidos a juicio para determinar si son culpables o no.
La Fiscalía señala a Torres, Castro, Talamantes y Leggs por el delito de abuso de autoridad por simulación, hecho ocurrido cuando ellos cuatro encabezaban el Ayuntamiento de Los Cabos en 2022.
“Los servidores públicos que actualmente cuentan con fuero constitucional, anteriormente fungían como funcionarios del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, tuvieron intervención directa de autorización, celebración y firma de un contrato con una empresa dedicada a la gestión de servicios de tramites financieros para que fungiera como INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, para la asesoría financiera, gestión y contratación de un crédito simple (PRESTAMO) a corto plazo para el ayuntamiento de Los Cabos”
“Gestión financiera que nunca se llevó a cabo dicha empresa, a la cual se le pagó la cantidad de 14 millones 170 mil 560 pesos sin que esta haya realizado ningún trámite para la celebración del contrato de apertura de crédito simple con alguna institución bancaria”, precisó en los antecedentes la Fiscalía.