Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el denominado Plan B de reforma electoral que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; en palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, inicia el “descuartizamiento” del Instituto Nacional Electoral y una profunda reforma a sistema electoral del país, por lo que la democracia del país queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se acumulan más de 130 recursos legales para tratar de echar marcha atrás al decreto.
Durante la madrugada de este miércoles 2 de marzo, fue publicado en el DOF el por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el que, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador y los representantes de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores, se busca un ahorro al erario público federal por el orden de los 3 mil 500 millones de pesos anuales.
Sin embargo, consejeros del INE y especialistas en la materia han coincidido en advertir que la medida busca debilitar, descomponer y desmantelar al INE, lo que pone en riesgo el sistema electoral del país y por ende las elecciones de 2024, donde los mexicanos elegiremos al nuevo Presidente de la República, por lo que ellos mismos y diversos actores políticos y legislativos del país han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 132 recursos legales para apelar el decreto que se considera anticonstitucional.
De acuerdo a especialistas, el plan B de reforma electoral establece:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
Se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo que pone en riesgo el padrón electoral, la instalación de casillas, el cómputo de los votos, el monitoreo de radio y tv y la fiscalización de los partidos y campañas.
Se elimina 84.6% del Servicio Profesional Electoral.
Se obliga a que los consejeros y magistrados electorales ganen menos que el Presidente.
Se eliminan los fondos y fideicomisos del INE.
Ley General de Partidos Políticos
Los partidos tienen derecho a elegir a sus líderes y a sus candidaturas conforme a sus documentos básicos, sin la intervención de la autoridad electoral.
Las autoridades electorales están impedidas para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos.
Los partidos políticos en caso de así decidirlo podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Se establece un procedimiento en caso de solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF
El Tribunal Electoral no podrá conocer de asuntos sujetos a resolución de la SCJN y se garantiza que el máximo tribunal constitucional debe resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.
Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará un sistema informático de justicia en línea.
