Ante la incertidumbre de lo que pasaría en la marcha del “8M” en el marco del Día Internacional de la Mujer, elementos de la Policía Estatal de Baja California Sur habrían visitado las casas de algunas activistas en la capital del Estado, para “invitarlas” a que se manifestaran de manera pacífica.
La activista sudcaliforniana Daniela Reyes denunció a través de un video en la plataforma de tiktok que ella, al igual que otras tres personas más, fueron sujetas a hostigamiento e intimidación por parte de la Policía del gobierno de Víctor Castro Cosío, un día antes de la marcha del 8M.
Relató que la policía se presentó en el domicilio de familiares preguntando por ella y con la intención de hacerle saber que la estarían cuidando durante la marcha, siempre y cuando se manifestara de forma pacífica.
La activista por los derechos de las mujeres cuestionó cómo obtuvo la policía los datos de las manifestantes y argumentó que es un delito filtrar los datos personales, y aún más grave de personas defensoras de los derechos humanos.
“Ojalá la policía en lugar de hostigar e intimidar activistas usara esos recursos: personal, tiempo e inteligencia, para prevenir y atender la violencia de género porque para eso sí tiene atribuciones. No sabemos exactamente lo que buscan con esta estrategia, ¿infundir miedo en las activistas para debilitar la causa?, ¿provocar el movimiento para justificar el uso de la fuerza pública?”, señaló.
Con el antecedente de que el pasado 25 de noviembre del 2023, los mismos policías estatales detuvieron arbitrariamente con uso de violencia y sin fundamento legal a una manifestante y la incomunicaron por horas, se teme que estas “estrategias” sean cada vez más hostigadoras.
La activista responsabilizó a las autoridades del Gobierno de Baja California Sur si llegase a pasar algo, a ella, a las manifestantes, y sus familiares; y pidió un alto a la criminalización de la protesta y conocer quién está detrás de la instrucción.
