“Somos más de 200 comercios en el Centro Histórico de San José del Cabo y no es posible que un grupo altere el orden y cambie el patrimonio que hemos construído”, fueron las palabras de la empresaria Blanca Pedrín durante la audiencia que se realizó en seguimiento a una queja presentada ante el juzgado cívico por “actos de molestía y contaminación auditiva” en contra de 3 bares.
Este jueves en la sala de audiencias de Seguridad Pública en Los Cabos se llevó a cabo la audiencia para desahogo de pruebas y alegatos dentro de la queja en contra de Guillermo “N” y Christopher “N” a quienes los ofendidos (empresarios) han identificado como los propietarios de los bares que se han convertido en centros nocturnos, Dalton Gin Bar, Nómadas Bar y Aguamala, acusados de no respetar los decibeles de sonido en la zona.
Pedrín presentó pruebas documentales, visuales y testimoniales de lo que rodea a la problemática que tomó fuerza durante el 2022, tras el paso de la etapa más fuerte de la pandemia. Se presentaron 4 testigos, entre ellos comerciantes, propietarios, empresarios y gerentes quienes relataron los disturbios y afectaciones que han tenido a raíz de que los bares han superado los decibeles que marca la NOM 081/SEMARNAT-1994, que son 65.
Las vibraciones de sus establecimientos, el retumbar de su infraestructura, las quejas de sus comensales y huéspedes, cuentas sin pagar, malas reseñas y una disminución en sus ganancias han sido las principales problemáticas que envuelven una serie de presuntas irregularidades que expusieron los empresarios en sus testimonios.
Más allá de lo evidente, los propietarios detallaron que en torno al ambiente en el que se desarrollan los bares han presentado actividades ilícitas, así como consumo de drogas y actos sexuales a plena de vista, al punto de que familias han decidido no pasear con sus hijos por las zonas.
La situación actual del Centro Histórico de San José del Cabo motivó a los testigos a compararlo con Cabo San Lucas y manifestar que buscan evitar que la cabecera municipal se convierta en un lugar de fiesta, quitando la tranquilidad y el ambiente familiar que caracteriza al sitio.
Al no presentarse los acusados en esta audiencia, la empresaria Pedrín señaló en entrevista que pudiera pensar que se está “acuerpando” dentro de la autoridad a los denunciados, “me consta, antes de entrar en estos problemas, los propietarios de antros y bares compran voluntades, se corrompe, por lo que exigimos que, quienes deben aplicar la ley, lo hagan”, dijo.
El propietario de una agencia de bienes raíces, Wiliam Scott manifestó que luego de pedir a los dueños de los bares que bajaran el sonido y no tener respuestas, puso una serie de quejas a la Dirección de Ecología donde tampoco tuvieron respuestas de la autoridad, al contrario, expuso que ellos llegaron a acuerdos con los denunciados para aumentar a 80 los decibeles, en una reunión a “oscuritas”.
Tras el argumento de la autoridad de un “consenso” en el aumento de decibeles, los empresarios sostuvieron otra reunión en la que se mostraron inconformes y se realizó una minuta, la cual no han recibido hasta el momento.
