El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró que en el caso del presunto desvío de recursos relacionado con el Instituto de Vivienda (INVI) debe existir una reparación del daño, insistiendo en que el dinero público debe ser reintegrado.
Son más de 54 millones de pesos los que señala la Fiscalía Anticorrupción como el desfalco que dejó una red de corrupción dentro del INVI, vinculando a proceso a tres exfuncionarios y a tres particulares.
Mientras avanzan las investigaciones, el mandatario fue enfático al señalar que no basta con deslindar responsabilidades, sino que quienes resulten implicados deberán devolver los recursos.
“Es dinero del pueblo y tiene que regresar”, sostuvo al referirse al proceso judicial que lleva la Fiscalía en contra de los ex servidores públicos.
Es importante recordar que la ex directora del INVI, Fernanda Villarreal, ya fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como el ex director de administración y finanzas, Juan Manuel Reyes Cervantes y el ex coordinador de administración, Javier Ramírez; a este último se le atribuye un desfalco por más de 54 millones de pesos.
También están sujetos a proceso tres particulares identificado como Jonathan “N”, Hassan “N” y Antonio “N”, que llevan su proceso en prisión.
Las investigaciones exponen irregularidades en el manejo de recursos destinados a programas de vivienda social, lo que habría afectado directamente a beneficiarios que esperaban apoyos habitacionales en distintos municipios del estado.
En este contexto, Castro Cosío subrayó que las responsabilidades deberán establecerse conforme avancen las investigaciones y no descartó que puedan surgir más implicados.
Asimismo, el gobernador rechazó versiones que vinculan el caso con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de que algunos medios nacionales señalaran que parte de los recursos presuntamente desviados habrían sido utilizados en una campaña política.
El mandatario calificó dichos señalamientos como falsos, asegurando que no existe ninguna relación entre el caso del INVI y procesos electorales.