La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe “Lupita” Saldaña Cisneros, exigió una investigación exhaustiva para castigar a los funcionarios responsables de la no comprobación del 83% del gasto público.
El desaseado uso de los recursos de la entidad, dice la dirigente, quedó en evidencia en la revisión de la Cuenta Pública 2022, a través del trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS).
Desde su perspectiva, esto significa un escándalo de opacidad y de presunta corrupción que debe esclarecerse ante la ciudadanía.
“No hay soporte documental del uso de los recursos, ni nada que avale o justifique en qué se utilizó el dinero”, expuso.
La ASEBCS realizó más de 82 observaciones que no fueron solventadas en el tiempo que establece la ley, por lo que solicitó a la Dirección Anticorrupción de la Contraloría General del Estado que inicie las investigaciones correspondientes.
La dirigente señaló que en esta revisión se destapó la situación en el Instituto de Vivienda (INVI), que ya tuvo 40 observaciones en auditorías de la Contraloría e, incluso, iniciaron investigaciones en contra de exfuncionarios por daño patrimonial.
Por ello, no descarta que otras instituciones de la administración del gobernador, Víctor Castro Cosío, estén en circunstancias de corrupción similares.
“Los gobiernos de Morena tanto a nivel estatal como nacional ya han dado muestras suficientes de que ´no mentir, no robar y no traicionar al pueblo´ es pura demagogia y un total engaño su austeridad republicana”, expresó.
Por último, hizo un llamado al gobernador para que no busque “chivos expiatorios” e ir al fondo de las investigaciones para castigar no sólo a los que cumplen órdenes sino también a quienes instruyen y que “son a los que suelen proteger” en su administración.
