La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur solicitó al Congreso del Estado el pasado viernes 21 de marzo el retiro de la protección constitucional denominada “fuero” de dos ex funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, el secretario general, Ariel Castro y la ex síndica y ahora diputada Alondra Torres.
Esta solicitud se hizo con la finalidad de que los ex funcionarios enfrenten la justicia por el delito de “abuso de autoridad por simulación”. La ex síndica, el ex secretario, junto al ex alcalde, ex tesorero y ex oficial mayor, firmaron un contrato con una empresa dedicada a la gestión de servicios de trámites financieros para la contratación de un préstamo para el Ayuntamiento de Los Cabos. No obstante, el préstamo nunca se realizó y aún así se hizo el pago de más de 14 millones de pesos.
El fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz Amao detalló que por medio de esta solicitud los legisladores buscan que estos ex funcionarios puedan llevar un proceso penal y el caso no quede impune. Enfatizó que de no existir esta herramienta que los protege, ellos pudieran haber sido vinculados desde principios de año, al igual que el ex alcalde Oscar “N” y el ex tesorero Martín “N”.
“A pesar de que ya hay vinculaciones por estos hechos, el Congreso del Estado puede resolver políticamente y no desaforar a dichos servidores públicos, lo que puede dañaría por supuesto el proceso de investigación, porque tendríamos que esperar hasta que termine la gestión y que el próximo puesto que tengan no cuente con fuero, sino sería imposible poder llevarlos ante la justicia”.
En este caso ahora para que el proceso avance, en la presidencia del Congreso del Estado deberá poner la orden del día de la próxima sesión el punto del desafuero y posteriormente, se tendrá que establecerse una comisión instructora que tendrá 45 días hábiles para resolver mediante una sesión privada en la que la mayoría de los legisladores decidirá si se retira o no la protección.
De llegarse a retirar la “inmunidad procesal” la Fiscalía deberá solicitar al poder judicial que señale la fecha de audiencia para realizar el proceso penal contra los denunciados.