Debido a que la ahora diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres, es investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la contratación simulada de una empresa intermediaria en el Ayuntamiento de Los Cabos, las autoridades judiciales señalan la posibilidad de que se solicite el desafuero de la legisladora en los próximos meses.
Alondra Torres en octubre de 2022 fungía como síndica municipal en el Ayuntamiento de Los Cabos que encabezaba el ahora el exalcalde, Óscar Leggs Castro, cuando se contrató por 14 millones de pesos a dicha empresa que jamás realizó ningún trámite con instituciones bancarias para que el Gobierno Municipal adquiriera un préstamo.
Por este caso ya se vinculó a proceso al extesorero, Martín Talamantes, y se espera que el 18 de enero se lleve a cabo la audiencia inicial en contra de Óscar Leggs, sin embargo, hay otros dos exfuncionarios investigados: Alondra Torres y Ariel Castro, exsecretario general del Ayuntamiento de Los Cabos y ahora subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, no descarta que las investigaciones lleven a la solicitud de declaración de procedencia ante al Congreso del Estado, es decir la solicitud de un juicio de desafuero para avanzar con el proceso judicial contra Alondra Torres.
Confirmó que los exfuncionarios que no han sido llamados ante el juez de Control para ser imputados están protegidos por el fuero constitucional.
“Digamos que, por estrategia, primero se llevará a dos personas y una vez obtenidos el auto de vinculación a proceso, se solicitará la declaración de procedencia ante el Congreso del Estado”, reiteró.
“Por supuesto que es posible, si ya estamos en una etapa donde ya está judicializada la carpeta, ya estamos por llevar a audiencia inicial”, añadió.
Lenin Ortiz explicó que, una vez obtenido el auto de vinculación, lo siguiente es solicitar el desafuero.
Cabe recordar que la XVI Legislatura del Congreso del Estado (2021-2024) pasó a la historia por llevar a cabo los dos primeros desafueros, uno en contra del entonces diputado de Morena, Juan Pérez Cayetano, y otro en contra del entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo; ambos casos por denuncias de abuso y acoso sexual, respectivamente.
Estos antecedentes, según Lenin Ortiz, ayudarían a acelerar un posible futuro desafuero debido a que el Congreso ya conoce el procedimiento correspondiente.
