La Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción de Baja California Sur presentará un recurso de apelación contra la decisión judicial que negó la vinculación a proceso en un caso de presunto peculado relacionado con una ex administración municipal de Mulegé en la que se entregaron ilegalmente más de 40 predios a ex funcionarios y sus familiares, informó su titular, Lenin Ortiz Amao.
El fiscal detalló que recientemente se llevó a cabo una audiencia inicial en Santa Rosalía, en la que el juez determinó dictar auto de no vinculación, resolución que será combatida.
Ortiz Amao explicó que el asunto se remonta al cierre de una administración municipal emanada del PAN, la cual perdió la elección en julio y entregó el gobierno en octubre de 2018, sin embargo, en septiembre, previo al relevo, se autorizaron y entregaron 44 títulos de propiedad a servidores públicos y a sus familiares directos, sin contar con la autorización del Cabildo.
Entre los beneficiarios, precisó, se encuentra la entonces presidenta municipal, Cecilia López, quien firmó la expedición de títulos a su favor y al mismo tiempo apareció como beneficiaria, así como para su esposo e hijos.
También se detectaron títulos a nombre del síndico, en uno de los casos a favor de su concubina, así como del secretario general, el tesorero, el director de Catastro y otros ex funcionarios.
De acuerdo con la investigación, los bienes municipales fueron enajenados sin que existiera una justificación legal, como la necesidad de cubrir deudas u otra causa que permitiera disponer del patrimonio del Ayuntamiento, y sin que el tema fuera sometido a la asamblea del Cabildo, como lo establece la normatividad.
El fiscal anticorrupción subrayó que los títulos fueron vendidos a precios considerablemente bajos, algunos entre 18 mil y 24 mil pesos, montos que no corresponden al valor real de los predios y que, además, fueron fijados por los propios funcionarios beneficiados, sin avalúos ni evaluaciones independientes.
En total, se detectó la entrega de más de 80 predios, de los cuales 44 guardan una relación directa con servidores públicos y sus familiares. Los terrenos se localizan en distintas zonas del municipio, como Santa Rosalía, Guerrero Negro y Vizcaíno.
Ortiz Amao consideró que los argumentos del juez, entre ellos que los bienes estaban a disposición del Ayuntamiento y que no se acreditó plenamente la calidad de servidores públicos de algunos involucrados por encontrarse en campaña, no justifican la actuación de la ex administración.
El fiscal sostuvo que se trata de un caso de alta relevancia, ya que refleja prácticas que no deben repetirse en la administración pública, y reiteró que la Fiscalía dará seguimiento al proceso legal hasta agotar las instancias correspondientes.