El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aplicó un veto total a la reforma que aprobó la XVI Legislatura al artículo 205 TER del Código Penal, que según especialistas en derecho representa un riesgo para la libertad de expresión en Baja California Sur.
Aunque en la exposición de motivos se argumentó que esta modificación tiene como objetivo tipificar y erradicar los discursos de odio, sin embargo, abogados como Adrián de la Rosa advierten que esta reforma genera una tensión directa con derechos constitucionales.
“Veto total al decreto 3032 mediante el cual se reforma la denominación del capítulo II del título séptimo delitos cometidos entre integrantes de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas y se adiciona el artículo 205 TER, al Código Penal para el estado libre y soberano de Baja California Sur”, se lee en el documento.
El mandatario observó que en el decreto 3032 se logra desprender la idea que el “Discurso de Odio se ampara en la libertad de expresión”.
“Dicha ideología cobra relevancia cuando se establece que existe una línea muy delgada entre ambas, pero lo que se debe tener en cuenta a la hora de legislar, es que la libertad de opinión y expresión, son derechos fuertemente consolidados en nuestra Constitución”, argumentó el gobernador en el documento que envió al Congreso.
Agregó que la iniciativa de reforma tampoco dio cumplimiento con los criterios de responsabilidad hacendaria y financiera, de observancia general para las Entidades Federativas y los Municipios.
Previamente, Adrián de la Rosa explicó que, con esta iniciativa, el uso de memes o caricaturas políticas para criticar el ejercicio de servidores públicos representaban un riesgo.
“Sí, claro (hay un riesgo) porque no tiene límites, es decir está planteado de una manera que para ti o para mí o para cualquier ciudadano pudiera resultar gracioso, para la persona a la cual va destinada, por ejemplo una caricatura de tipo político, podría resultarle discriminatorio”, opinó.
