Otra vez el derroche y la ineficiencia administrativa del Gobierno, se quiere trasladar al ciudadano.
Para quien no esté familiarizado, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, mejor conocido como ISABI, es un impuesto que se paga al Municipio por la operación de compra- venta de un terreno, una casa, un local comercial o cualquier bien inmueble.
Actualmente, de acuerdo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos vigente, este impuesto es del 2% del valor total del inmueble, con algunas diferencias en el caso de viviendas de interés social, las donaciones e inmuebles heredados.
Es decir, todos pagan.
En la Ley de Ingresos del Municipio de Los Cabos para 2024, se proyectó que de 5 mil 194 millones de pesos de ingresos totales, Mil 15 millones; es decir, alrededor de una quinta parte de todos los ingresos municipales, serían por este impuesto.
Ahora bien, el pasado 9 de octubre en una reunión con la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios, la XV Administración Municipal, encabezada por el presidente municipal, Christian Agúndez donde ante el panorama adverso económico del gobierno municipal se planteó incrementar para el próximo año el ISABI del 2 al 3%.
Como en el caso del nuevo impuesto que se pretende en restaurantes, la narrativa de la autoridad es el adeudo heredado superior a los 3 mil millones de pesos, entre deudas a proveedores, prestaciones salariales y nómina abultada.
En ese sentido, además, el Gobierno Municipal argumentó que en otras ciudades del país, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles alcanza hasta el 4%.
Y como en el caso del nuevo impuesto a restaurantes, donde se fijo que el cobro de 10.38 pesos extras sería en cuentas a partir de los 200 pesos, es decir todas; en lo del ISABI, será para inmuebles a partir de los 500 a 800 mil pesos, es decir, todos.
Explicaron además que ese 1% extra en el ISABI se utilizaría para obra social, “para reducir la brecha entre el desarrollo turístico y las colonias donde viven los trabajadores”, aunque no se dijo qué obras, para dónde, ni para cuando.
Lo que si se dijo es que el primer año, el dinero extra de utilizaría para liquidar a los trabajadores que se están despidiendo de la administración anterior, que se ha señalado incrementó la nómina en un 58% y contribuir al pago de una la dichosa deuda de más 3 mil millones de pesos.
Es decir, como en el caso del nuevo impuesto a restaurantes, se trata de que los desaseos en el ejercicio del gasto público de pasados gobiernos, los termine pagando el contribuyente, el famoso pueblo pues.
Nada de denuncias, todo impunidad para la clases política.
Si acaso salpicados con saliva en declaraciones a los medios.
Ineficiencias del gobierno, pagadas por todos.
