Los elementos de prueba que aportó la Unidad Especializada en el Delito de Secuestro, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE), durante el proceso penal que enfrentó, Rodrigo Antonio “N”, también conocido como El Macario fueron suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento le dictara por unanimidad de votos, sentencia condenatoria de 50 años de prisión, 4 mil días de multa y la reparación del daño moral y material para la víctima y para la parte ofendida por el delito de secuestro exprés agravado, por haberse cometido en grupo de más de dos personas con violencia.
El secuestro ocurrió el 26 de marzo del 2019; el imputado, en compañía de otras personas y previa planeación acuerdo y reparto de funciones, llegó a un domicilio en la colonia Mesa Colorada, en Cabo San Lucas, donde obligaron a la víctima a subir a un vehículo, contra su voluntad y amenazándola con una pistola, para dirigirse a una institución bancaria, denominada Banco Azteca, utilizándola como instrumento para que les entregara el dinero en efectivo, cuya suma ascendió a 599 mil 919 pesos. Posteriormente la suben a otro vehículo, la llevan y liberan en calles de la colonia Lomas del Sol.
Tras las investigaciones, el Ministerio Público de la Unidad en mención solicitó una orden de aprehensión en contra de Rodrigo Antonio “N”, misma que fue cumplimentada por personal del área de Mandamientos Judiciales de la PGJE.
En el proceso, la autoridad Judicial encontró suficientes datos de prueba y en la audiencia de individualización de sanciones efectuada el viernes 3 de junio del año en curso, condenó a Rodrigo Antonio “N”, a una pena privativa de la libertad de 50 años de prisión 4 mil días de multa y la reparación del daño moral y material para la víctima y para la parte ofendida por el delito de secuestro exprés agravado, por haberse cometido en grupo de más de dos personas con violencia.
Por daño a la víctima pagará 12 mil pesos para terapia psicológica y la reparación integral del daño moral y material aún no cuantificado, conforme a la Ley General de Víctimas. Así mismo, pagará 599 mil 919 pesos por concepto de perjuicio patrimonial ocasionado a la institución bancaria.
