El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, sostuvo que la sesión privada en la que 17 diputados y diputadas desecharon el inicio del juicio de desafuero de la legisladora del PT, Alondra Torres, y su subsecretario de Enlace Legislativo, Ariel Castro, es un derecho jurídico del Congreso del Estado.
Lo anterior a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) resolvió desde 2021 que es inconstitucional que los congresos locales voten en secreto cualquier asunto, ya que con esto se está violando el derecho de la ciudadanía a la transparencia, al acceso a la información y a la participación política en asuntos públicos.
“El Congreso tiene esa facultad de hacer reuniones secretas o privadas, no sé cómo se llamen. Jurídicamente están en su derecho”, declaró Castro Cosío.
“Está en la cancha del Poder Legislativo, ustedes saben que he sido muy respetuoso. Más no lo puedo seguir sosteniendo, me parece que todo mundo sabe que respeto a los poderes, tanto al Judicial como al Legislativo”, agregó.
Cabe recordar que fue con nueve votos en contra, siete a favor y una abstención como se desechó el dictamen que proponía iniciar el juicio de desafuero en contra de Alondra Torres y Ariel Castro, esto en sesión privada con votación secreta por lo que no se conoce el sentido de la decisión de ningún legislador o legisladora.
Torres y Castro son señalados por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de abuso de autoridad por simulación, esto por el pago de más de 14 millones de pesos a una empresa que fungiría como intermediaria financiera para que, en 2022, el Ayuntamiento de Los Cabos consiguiera un crédito bancario.
Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que este pago se aprobó con la firma de los entonces alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, tesorero, Martín Talamantes; síndica, Alondra Torres, y el secretario general, Ariel Castro, a pesar de que la empresa no realizó ningún trámite a favor del Gobierno Municipal.
Óscar Leggs y Martín Talamantes ya fueron vinculados a proceso por el mismo caso, por lo que la decisión del Congreso del Estado ha sido calificada como un acto de impunidad que retrasa la lucha contra la corrupción.