El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, se manifestó sobre el reciente fallo condenatorio de la exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur, Rosalva Cuadras, quien fue hallada culpable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El mandatario señaló que se trata de un tema que está en la cancha del Poder Judicial y que no intervendrá, sin embargo, advirtió que si alguien roba habrá consecuencias.
“Eso está en manos de lo que les he dicho del Poder Judicial, ahí sí yo no intervengo. Sinceramente, algunos creen o no, pero ahí yo no intervengo. Es otro Poder y si el Poder Judicial determina lo que es correcto y de acuerdo a las leyes que nos rigen, quien sea nos tenemos que ajustar a la ley”, declaró.
En este escenario, Castro Cosío advirtió que seguirán las investigaciones sobre cualquier acto de corrupción que tenga fundamentos y pruebas, y que quien cometa este tipo de ilícitos será sancionado conforme a la ley.
“El que robe tiene que pagar sus consecuencias, no nada más gritarle a alguien corrupto; hay que demostrarlo y aquí si se demuestra que hubo un acto de mala fe, se va a sancionar de acuerdo a la ley que rige a Baja California Sur”, dijo.
“Mis respetos a todos, pero tenemos que seguir investigando. La corrupción no se tolera, es muy fácil acusarnos, incluso a un servidor; prueben y yo, con todo gusto, si he cometido un acto equivocado ahí les dejo, yo he luchado con decencia toda mi vida”, agregó.
Cabe recordar que la exdirectora del INVI fue llevada a juicio ante el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento por haberse autoliquidado con casi dos millones de pesos en septiembre de 2021.
La Fiscalía Anticorrupción expuso que Rosalva Cuadras todavía continuaba en el cargo cuando se erogó este monto a su favor, ahora se espera que en breve se otorgue la sentencia contra la exfuncionaria del exgobernador, Carlos Mendoza Davis.
De acuerdo con el artículo 280 del Código Penal de Baja California Sur, la exdirectora podría ser sancionada con una pena de entre dos y diez años de prisión, así como con una multa de hasta 40 UMAS.