En el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2026 incluye un recorte para Baja California Sur de más de 700 millones de pesos, a razón del 7% con respecto al año pasado, de acuerdo al análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la propia Cámara de Diputados.
Con ello, Baja California Sur se ubica en el top 3 de los estados con mayor recorte federal.
El recorte más grave, de acuerdo al estudio es para el rubro “Ramo 33” con casi 20% de disminución.
Este rubro incluye obra de infraestructura social, que es uno de los fondos más usados por los municipios para obras básicas como agua potable, drenaje, alumbrado, vivienda y pavimentación.
También incluye fondos para salud, lo que golpeará la operación de centros de salud, personal médico y programas de atención; además de la infraestructura educativa y hasta para nómina de maestros.
El recorte fue aprobado en días pasados por la aplanadora de Morena y aliados en la Cámara de Diputados.
Y aunque Víctor Castro, calificó el recorte como injusto, e incluso aseguró que lo “platicó” con la presidenta, en los hechos el recorte está aprobado.
Entonces para llenar el “boquete” presupuestal, Víctor Castro y diputados locales afines voltearon a los bolsillos de empresarios y trabajadores sudcalifornianos.
No se anuncia recorte al gasto del gobierno, no hay anuncio de medidas de “austeridad republicana”, nada de disminución de la carga burocrática , ajustes a salarios de servidores públicos de primer nivel, disminución en uso de combustibles, viáticos o viajes.
Se anuncian más impuestos.
De entrada, el Gobernador presentó al Congreso un propuesta de modificación de la Ley de Derechos del Estado que incluye incrementos de hasta 880% a cobros en materia de Protección Civil para empresas y negocios, además de crear nuevos conceptos en la misma materia para recaudar más.
Se establecen aumentos en 10 conceptos y crea otros 11.
Entre los sinsentidos de la propuesta se incluyen cobros a eventos masivos con o sin fines de lucro, por lo que se interpreta que pagarían desde un baile o un concierto, hasta actividades escolares o religiosas.
La revelación de esta iniciativa, prendió los focos rojos en las organizaciones empresariales, por lo que los diputados de la comisión correspondiente “mandaron a la congeladora” la iniciativa.
Pero solo por el momento.
Posteriormente, diputados de Morena, PT y Nueva Alianza, “buena onda” con el gober y los alcaldes de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, le aportaron su granito de arena para tratar de parchar el boquete del recorte federal y proponen replicar en todo el estado el cobro del saneamiento ambiental que ya se cobra en Los Cabos.
Es decir crearía nuevos impuestos a huéspedes de hoteles, a consumos en restaurantes y hasta renta de carros.
Y por si fuera poco los diputados de Morena Guadalupe Vázquez, Cristina Contreras, Eduardo Van Wormer y Venustiano Pérez; por la diputada Alondra Torres, del PT; y por la fracción del Partido Nueva Alianza, integrada por Lourdes Cornejo y Martín Escogido recetan para paceños, comundeños, loretanos y muleginos un incremento al Impuesto de Bienes Inmuebles al 3% del valor del inmueble y de 1.5 % en caso de donaciones.
Ninguno de estos diputados tomó la máxima tribuna del estado para hacer un exhorto como acostumbran y defender el recurso federal para el estado.
Mejor meter la mano al bolsillo de los ciudadanos.
En su libro Dario de una Transición Histórica, la presidenta Claudia Sheinbaum escribe:
“Un gobierno honesto no necesita cargarle la mano al pueblo (con más impuestos) …”.