Elva Castillo Verduzco, consejera nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), calificó como un paso necesario y largamente esperado la propuesta del gobierno federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum para tipificar la extorsión como delito que se persiga de oficio y de manera unificada en todo el país.
“Por años hemos levantado la voz desde el sector productivo, exigiendo que la extorsión deje de ser un problema que enfrentan solos los comerciantes y empresarios. No se puede seguir culpando a las víctimas por callar, cuando el Estado ha estado ausente”, sentenció Castillo.
La empresaria sudcaliforniana insistió en que este delito no solo afecta los ingresos de quienes lo padecen, sino que pone en riesgo la vida, mina la confianza social y paraliza la actividad económica en muchas regiones.
“Sabemos lo que significa operar bajo amenaza. Hemos visto cómo negocios cierran, cómo familias enteras viven con miedo, cómo se pierde la confianza en las instituciones. Por eso exigimos esta reforma, y hoy, aunque tarde, reconocemos que el Estado ha comenzado a escuchar”, declaró.
Entre los puntos destacados de la estrategia anunciada por el gobierno federal se encuentran:
Fortalecer el número nacional 089 como canal de denuncia segura.
Cancelar líneas telefónicas y cuentas vinculadas a extorsionadores.
Crear unidades especializadas con inteligencia operativa en los estados más afectados.
Congelar cuentas bancarias mediante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ejecutar acciones directas en centros penitenciarios.
Promover una Ley General contra la Extorsión con un tipo penal unificado y medidas de protección a víctimas.
Elva Castillo también enfatizó la urgencia de reformar el artículo 73 constitucional para que el Congreso pueda legislar en materia penal sobre extorsión, permitiendo una respuesta nacional coordinada.
“La extorsión no puede seguir siendo tratada como un delito menor o aislado. Es un mecanismo de control del crimen organizado que está asfixiando a miles de emprendedores, desde pequeños comerciantes hasta prestadores de servicios turísticos. No es solo una cuestión de dinero: es una batalla por el futuro de nuestras comunidades”, afirmó.
Desde Baja California Sur, la consejera reiteró el compromiso del sector empresarial de colaborar con diagnósticos, información y propuestas desde el territorio. Llamó también a las autoridades estatales y municipales a sumarse con acciones reales, no con discursos.
“La verdadera fortaleza del sector privado está en la solidaridad, en la unidad y en el compromiso colectivo. No basta con indignarse: es momento de convertir la preocupación en acción. La extorsión ha cobrado demasiado. Ya es hora de que el Estado actúe con decisión y sin titubeos”, concluyó.