La narrativa de los gobiernos, de la propia sociedad civil organizada, la iniciativa privada y que alcanza a la ciudadanía de a pie sudcaliforniana cuando se sucede un hecho de sangre con víctimas fatales o desapariciones forzadas en la ola de violencia que afecta actualmente el estado, “descansa” en el “argumento” que las víctimas estarían involucradas en actividades delincuenciales.
“Se están matando entre ellos”, se expresa en mesas de café, diálogos privados y redes sociales, como una especie de “alivio” que las balas no están alcanzando a la “gente de bien”.
Por eso cuando familiares de desaparecidos salen a ganar la calle para exigir a la autoridad, resultados en las investigaciones para la localización de sus seres queridos, se les condena.
Se señala que su desaparecido o desaparecida “andaba en malos pasos”, que “sólo” se estaba matando y desapareciendo a quienes participan de actividades criminales.
Con ello la misma sociedad contribuye a la narrativa de la autoridad de minimizar la violencia.
Cuando más, se lamenta cuando las balas asesinas alcanzan a elementos policiales en el cumplimiento de su deber.
Desde 2018, una vez superada la ola de violencia que se vivió de 2014 a 2017, sociedad civil organizada y la iniciativa privada con sus cámaras dejaron de exigir a los gobiernos resultados en materia de seguridad.
A pesar de que en diversos medios de comunicación se dio cuenta con base a información oficial del incremento en el número de desaparecidos y de la llegada de la extorsión a algunos sectores del comercio, la sociedad civil organizada guardó silencio y acompañó narrativa del gobierno.
De 2018 a 2024, Gobierno, sociedad civil organizada y cámaras empresariales celebraron y compartieron las encuestas de percepción de inseguridad, donde Baja California Sur, puntualmente Los Cabos y La Paz aparecían como de las ciudades con mayor percepción se seguridad.
Esos que en el pasado episodio de violencia mediante su presión y acompañamiento fueron claves para que los tres niveles de gobierno implementaran una estrategia para volver a la tranquilidad, por 6 años se sumieron en un silencio autoimpuesto.
Finalmente, la semana pasada las balas alcanzaron y privaron de la vida a un empresario paceño dedicado al sector de los mariscos.
El miércoles 25 de julio, el empresario Jorge Chávez fue abatido frente a su negocio en La Paz.
Ha trascendido que el comerciante se habría negado a ser extorsionado.
El Consejo Coordinador Empresarial de La Paz se pronunció en condena sobre los hechos a través de un comunicado:
“Las cámaras empresariales, representadas por el Consejo Coordinador de La Paz, Baja California Sur manifiestan su seria inquietud ante los recientes incidentes delictivos registrados en los últimos meses, especialmente respecto al lamentable asesinato del empresario Jorge Chávez. Estos acontecimientos inciden de manera significativa en la percepción de seguridad dentro de nuestra comunidad”.
“Los incidentes delictivos cometidos no sólo contra individuos, sino también contra familias han provocado un ambiente de inseguridad que afecta negativamente la confianza de la sociedad. La falta de atención eficaz a la seguridad puede derivar en una reducción significativa de actividades sociales, deportivas, culturales y económicas, con consecuencias graves para el estado de derecho”.
Ante este panorama, el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz exhorta a las autoridades competentes a implementar estrategias de inteligencia orientadas a combatir la delincuencia de manera efectiva. Así mismo reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar del estado, respaldando las iniciativas destinadas a garantizar un estado seguro para toda la ciudadanía”.
La violencia no distingue.
Se rompió el silencio.