Durante el arranque de la Cruzada contra Las Violencias de Género, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, externó la necesidad de revisar la situación de los refugios para mujeres, ya que, expone, este factor puede ser determinante en esta problemática.
Recalcó que está la obligación de ayudar a las mujeres, sin embargo, precisó que esto sólo será posible si se inyecta recurso a las políticas públicas y campañas y si participan todos los niveles de gobierno sin excusas.
“Sí tenemos que entrarle, me da mucho gusto gobernador que le entremos; pero vámonos entrándole en serio, no nada más en un programa que al final de cuenta que si no le damos seguimiento, si no atendemos el problema de raíz, va a continuar y cada vez va a ser peor”, dijo durante el arranque de la Cruzada.
“Tenemos que entrarle con ganas y meterle los recursos que sean necesarios y si eso nos implica observaciones de la Auditoría por estar destinándole recursos a áreas que ya tienen su propio recurso y que no les alcanza, pues asumimos el riesgo”, agregó.
Señaló que en este tema no se puede estar simulando, basándose en las condiciones sociales del municipio de Los Cabos donde llegan cientos de familias en condiciones de marginación, sin vivienda o terreno propio para construir.
La desigualdad en materia de vivienda se convierte en un factor que juega en contra para las mujeres violentadas. Las víctimas terminan otorgando el perdón a los agresores y para algunas autoridades es sencillo permitir que esto suceda.
“Yo me sumo, por supuesto que nos sumamos en Los Cabos, pero hay que revisar también y trabajar en los refugios porque al final de cuentas es más fácil para quienes llevamos los casos decir: ´es que al marido la esposa ya le otorgó el perdón y se regrese a la casa´, la violencia se incrementa cuando sucede eso”, expuso.
“Y no hay otra cosa que hacer porque no tenemos dónde tener a las mujeres maltratadas y lo más fácil para nosotros es: ´no pasa nada, ya les otorgaron el perdón y ya se regresan al hogar´”, añadió.
Por último llamó al gobierno del estado y gobierno federal, para trabajar juntos en la búsqueda de reserva territorial para que la gente viva en un lugar que sea suyo.
