La Fiscalía Anticorrupción informó que se logró un fallo condenatorio contra Rosalba Cuadras, exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur durante el sexenio del exgobernador, Carlos Mendoza Davis, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía recordó que el 9 de septiembre de 2021, Rosalba Cuadras aún en su carácter de Directora General INVI ordenó, autorizó y recibió el pago ilegal de un millón 718 mil 212 pesos por concepto de su “liquidación por termino de relación laboral”, sin conocimiento del Consejo de dicha institución y sin que se hubiera realizado la terminación de la relación laboral.
Cabe recordar que este delito está previsto en el Código Penal de Baja California Sur en el artículo 280 fracción V y establece penas de dos a diez años de prisión y de 30 a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur inició la carpeta de investigaciones recabando datos de prueba los cuales fueron determinantes para ser presentados como prueba ante el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, consistiendo en documentales, testimoniales y periciales.
Entre las pruebas, presentó:
* Un reporte de transferencia SPEI de Banorte de la cuenta del INVI por concepto de liquidación por término de relación laboral como directora del instituto, con el monto antes mencionado
* Original de liquidación por término de relación laboral de fecha 9 de septiembre de 2021, en el que constan las firmas de la exdirectora
* Original de la orden de pago por transferencia de fecha 9 de septiembre de 2021, en el que constan la firma de la imputada
En este escenario, la Fiscalía precisó que al obtener fallo condenatorio ahora sigue la etapa de audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la cual el tribunal emitirá la pena de prisión y el monto de la reparación del daño que deberá cumplir la exdirectora, la cual tiene fecha para el 6 de mayo.
“Este es el primer juicio y primer fallo condenatorio logrado por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, y unos de los elementos fundamentales en el desarrollo de las investigaciones fue que la ex servidora pública y hoy condenada no contaba con la protección de Fuero constitucional para ser llamada ante los tribunales, por lo cual la fiscalía Anticorrupción no tuvo ninguna limitante constitucional en realizar sus investigaciones”, informó la instancia.