Un total de cuatro maestras del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos (ITES) denunciaron que continuan siendo sujetas a un problema de hostigamiento, discriminación y de desigualdades laborales en el plantel educativo desde que se descubrió una presunta irregularidad en sus plazas y fueron despojadas de ellas.
Hace 1 año, las maestras Amira del Carmen Dagdino, Ariadna Colette Perpuli, María Guadalupe Beltrán y Paulina Escalante que tienen de 10 hasta 20 años de antigüedad laborando en la institución, ofrecieron una rueda de prensa para manifestar que se estaban cometiendo una serie de injusticias que iban en detrimento del desarrollo de la escuela.
Entre ellas, que a la llegada de Peña Tena a la dirección del ITES en septiembre del 2021, se empezó a cuestionar la asignación de 8 plazas y mientras se buscaba retirarlas se les redujo el sueldo un 50 por ciento. Ahora, en pleno 2024, señalaron que el “despojo” de sus plazas se hizo una realidad y que han sido parte de señalamientos por parte de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alicia Meza por aceptar las plazas y de desigualdades laborales en el plantel al no tener las mismas prestaciones, y derechos que otros maestros.
Y es que, comentaron que el problema empezó desde que, en el 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó duplicidad de plazas de la categoría que ellas tenían, y el error que se cometió (de parte de los directivos de ITES) fue sacar a promoción las plazas asignadas y por eso se duplicaron.
“Necesitan borrarnos del mapa para no incurrir en responsabilidad administrativa”, enfatizaron.
Derivado de este problema hubo maestras que no pudieron acceder a un estímulo de desempeño, por eso se promovieron juicios laborales y se interpuso un amparo por el retiro de dichas plazas; en los alegatos, el jurídico de la SEP incluso hace hincapié en que ITES no tienen la autoridad para retirar plazas docentes y recategorizar.
Toda esta situación, explican las maestras, las ha llevado a un ambiente de trabajo hostil, que les ha permitido darse cuenta de las desigualdades que hay entre algunos maestros que tienen las mismas funciones.
“Hay un sindicato con 80 colaboradores de más de 200 que tiene la escuela, ellos reciben mayores salarios que nosotras y muchos maestros. Hay un trato discriminatorio que va desde la asignación de uniformes, a los sindicalizados les dan un número de prendas y a los que no, otros. Hay sala de maestros solo para sindicalizados, y en vales de despensa a ellos les dan 2 mil a 2 mil 500 pesos y a nosotras 500 pesos”, argumentaron.
Esto, exponen, se contrapone a lo que establece la Ley pues señala que el contrato colectivo aplica para todos los trabajadores de base, pertenezcan a un sindicato o no, y mientras que los sindicalizados tienen prestaciones, los demás no.
“Gracias a la fuerza y conocimiento hemos sobresalido de un ambiente laboral muy complejo, hemos solventado problemas de salud derivado de esa situación”, agregaron.
La situación también ha permeado en los ingresos que perciben pues de una garantía de 40 horas que tenían con la plaza, ahora las maestras trabajan 24 horas, esto a pesar de que la SEP les garantizaría laborar 30 horas.
