El 15 de diciembre del año pasado escribí en mis redes sociales:
“Mónica Soto, qué orgullo para BCS, que pena para la democracia”.
Ese día, se daba a conocer a nivel nacional que la sudcaliforniana, Mónica Soto, hija del diputado constituyente, Eligio Soto López, asumía la máxima responsabilidad electoral del país; magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder de la Federación.
Y sí, que orgullo que en sudcaliforniano y más aún, una sudcaliforniana sea hoy la máxima autoridad electoral de México.
La bronca es por qué y para qué.
Hay que recordar que diversos analistas políticos a nivel nacional vieron en la designación de Soto Fregoso, una presidencia a favor de Morena y aliados.
Antes de su presidencia, se observaba un TEPJF más independiente, donde incluso en el proceso electoral 2020-2021 resolvieron en contra de Morena temas tan importantes como la cancelación de la candidatura a Gobernador de Félix Salgado Macedonio.
Y es que, a 6 meses de la elección presidencial, el cambio en la presidencia del TEPJF se leyó como una maniobra del oficialismo para colocar en los órganos electorales perfiles más afines a la 4T, lo cual habían logrado apenas en marzo del 2023, con la designación de Guadalupe Tadei como presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, de quien desde el inicio se supo que tenía una docena de familiares despachando como funcionarios públicos en gobiernos e instituciones ligadas a la 4T, lo que ponía en tela de duda su independencia e imparcialidad en la elección federal, principalmente de Presidente de la República.
En el caso de Mónica Soto, el tiempo y los hechos han dado la razón a los analistas también de tener una duda razonable en cuanto a su independencia e imparcialidad.
Hoy se conoce que su padre, Eligio Soto López despacha como asesor de la tristemente célebre “ministra plagiaria” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yazmín Esquivel, ampliamente relacionada con el obradorato, donde en menos de cuatro meses duplicó su ingreso de 44 mil a 108 mil pesos mensuales.
Hoy también se sabe, que su hija Ana Ximena Díaz Soto percibió una salario neto mensual de casi 50 mil pesos hasta septiembre del año pasado como parte del equipo de trabajo de la Consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gyvés; quien a su vez es esposa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, ambos también afines al obradorato.
En la presidencia de Mónica Soto, el TPJE consideró que el uso de recursos públicos y la ingerencia de AMLO en campaña no fueron determinantes en el resultado de la elección, por lo que calíficó la elección válida y declaró al Clauda Sheinbaum presidenta electa.
Y ahora viene “la prueba de fuego” para la presidencia de Mónica Soto.
En los próximos días en el TEPJF se definirá el equilibrio de fuerzas políticas dentro de las cámaras de senadores y diputados a través de la definición de la sobre representación.
Morena y aliados, mediante argucias legales y electorales pretenden más del 70% de las curules en el Congreso de la Unión, cuando solo tuvieron en las urnas aproximadamente el 40% de los votos. Hecho sobre el cual ya se pronunció el Consejo General del INE y su presidenta Guadalupe Tadei a favor de los cuatro teístas.
De lograrse lo pretendido por el oficialismo, Morena y aliados logrará la mayoría calificada en ambas cámaras, con lo que podrán realizar reformas constitucionales sin ningún contrapeso, principalmente la polémica Reforma Judicial.
Como velada y descarada “zanahoria” para los magistrados electorales, en la propuesta presentada por Morena y aliados para la citada reforma, que busca que ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial sean electos por voto popular, a los magistrados electorales no sólo no se les sustituye de inmediato, si no que se les extiende su periodo por dos a tres años.
Es decir, la propia Mónica Soto que terminaría su periodo como magistrada en 2025, se le extendería al 2027.
Si aprueban la sobre representación a favor de Morena y aliados, bajo la máxima de AMLO que “amor con amor se paga”, los magistrados tendrán chamba más tiempo.
El espíritu constitucional del Congreso de la Unión en cuanto a la pluralidad política representada en ambas cámaras busca evitar las “aplanadoras” y partidos hegemónicos en la máxima tribuna de la nación, para generar contrapesos a las decisiones de las mayoría y del Ejecutivo Federal.
En las manos de la presidencia de la sudcaliforniana Mónica Soto está el futuro de México.
Ojalá que con estos antecedentes Mónica Soto no sólo quiera ser orgullo de Baja California Sur, si no orgullo para la democracia mexicana.
