La Paz, BCS.– El Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California Sur anunció la presentación de la iniciativa denominada “Ley Carlos Manzo”, una propuesta de reforma al Código Penal estatal que busca endurecer las sanciones contra quienes cometan homicidios en contra de funcionarios públicos de alto nivel.
De acuerdo con el documento, la iniciativa será presentada este jueves en el pleno de la sesión ordinaria del Congreso del Estado, y fue impulsada por el representante del movimiento en la entidad, Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco.
La propuesta plantea la adición de un artículo 128 Bis al Código Penal de Baja California Sur, con el objetivo de tipificar como delito grave el homicidio de autoridades como el gobernador o gobernadora, presidentes municipales, diputados locales, así como integrantes de instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Entre los puntos centrales, se establece que quienes cometan este tipo de delitos podrían enfrentar penas de entre 35 y 60 años de prisión, mismas que podrían incrementarse si el crimen tiene como finalidad influir, coaccionar o alterar el funcionamiento de las instituciones públicas.
En la exposición de motivos, el promovente argumenta que estos homicidios no pueden ser considerados delitos comunes, ya que representan un ataque directo contra el Estado, la democracia y la estabilidad institucional.
La iniciativa toma como referencia el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025, caso que, según se señala, evidenció la vulnerabilidad de los servidores públicos frente a la violencia. Asimismo, se menciona el homicidio del exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, registrado en febrero de 2026 en La Paz.
El Movimiento Independiente del Sombrero sostiene que la propuesta busca fortalecer la protección legal de quienes ejercen funciones públicas estratégicas, así como enviar un mensaje contundente contra la violencia que afecta a las instituciones.
Se prevé que, tras su presentación, la iniciativa sea turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación conforme al proceso legislativo correspondiente.
