La Paz, Baja California Sur.– El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur anunció que presentará denuncias formales ante las instancias correspondientes, luego de la publicación de una investigación periodística nacional que documenta un presunto desvío de alrededor de 10 millones de pesos del Instituto de la Vivienda (INVI) para apoyar actividades político-electorales.
De acuerdo con el reportaje, los recursos, originalmente destinados a programas de vivienda social, habrían sido utilizados durante los procesos internos de Morena en los años 2022 y 2023 para respaldar la aspiración presidencial de Adán Augusto López Hernández.
La información señala que el único detenido hasta el momento habría declarado que los fondos fueron canalizados por instrucciones superiores dentro del propio Instituto, y se menciona en el caso a la exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal González, así como a personal del área financiera.
Al respecto, el dirigente estatal del PAN, Rigo Mares, sostuvo que, de confirmarse los hechos, se estaría ante un uso ilegal de recursos públicos destinados a un fin social prioritario.
Expresó que el INVI depende directamente del Poder Ejecutivo estatal, por lo que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no puede deslindarse políticamente del caso.
“Si hubo instrucciones superiores, la investigación no puede limitarse a un solo funcionario. Debe revisarse toda la cadena de mando y establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales”, declaró.
Mares enfatizó que el presunto desvío no solo implica un posible delito electoral, sino un impacto directo en familias que esperaban apoyo para acceder a una vivienda.
“Diez millones de pesos representan acciones de vivienda que no se realizaron. Eso significa familias que se quedaron sin un beneficio por el posible uso político del recurso”, afirmó.
El dirigente panista informó que su partido interpondrá denuncias para que se esclarezcan los hechos y, en su caso, se ordene la restitución del daño al programa de vivienda.
“El caso no puede cerrarse con un solo detenido. Si se confirma el desvío, debe haber sanciones y recuperación total de los recursos. Las familias sudcalifornianas no pueden pagar el costo de una operación política”, concluyó.