Los comités estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California Sur exigieron una investigación exhaustiva, imparcial y con participación federal tras el homicidio del exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro, ocurrido en la ciudad de La Paz.
En un posicionamiento público, el PAN sostuvo que el asesinato no puede analizarse aislado de las denuncias que el exfuncionario realizó semanas antes sobre presuntos actos de corrupción, cobro de piso y omisiones graves dentro de la Procuraduría estatal. El partido recordó que Soriano fue removido de su cargo y posteriormente despedido por “pérdida de confianza” tras hacer públicas esas acusaciones.
Ante ese contexto, el blanquiazul solicitó que la Fiscalía General de la República participe en la investigación, al considerar que permitir que la Procuraduría estatal conduzca sola el caso podría comprometer la imparcialidad, dado que fue señalada directamente por el propio Soriano.
Además, el PAN pidió que el procurador comparezca ante el Congreso del Estado para responder a los señalamientos formulados por el exsubprocurador, que se brinde protección inmediata a su familia y a posibles testigos, y que el gobierno estatal reconozca con seriedad la situación de seguridad que vive la entidad.
Por su parte, el PRI en Baja California Sur manifestó su “profunda consternación y enérgica condena” por el homicidio, y advirtió que la violencia no puede normalizarse en el estado. El partido exigió una investigación exhaustiva, profesional e imparcial que permita esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.
La dirigencia priista subrayó que la seguridad es una responsabilidad indeclinable del Estado y que las familias sudcalifornianas tienen derecho a vivir en paz, con instituciones que actúen con eficacia y transparencia.
Ambos partidos coincidieron en que el caso debe esclarecerse a fondo y sancionarse con todo el peso de la ley, al considerar que el homicidio de un exfuncionario de alto nivel en plena zona urbana de la capital representa un hecho grave para la vida pública del estado.
