El 2 de junio de 2022, Baja California Sur se convirtió en la novena entidad de la República Mexicana en la que se despenalizó el aborto, sin embargo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que esta decisión sigue siendo objeto de persecución penal en el estado.
El último reporte de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en este 2023 se han abierto por lo menos tres carpetas de investigación “por el delito de aborto”.
En reiteradas ocasiones, colectivas feministas han hecho hincapié en que todavía no existen garantías absolutas para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo.
Recalcan que el Estado está obligado y es responsable a promover, proteger y garantizar los derechos de las mujeres y niñas.
Aunque reconocen que hay avances, que se han logrado por la lucha constante de activistas, han señalado que las autoridades continúan persiguiendo y revictimizando a las mujeres que deciden hacer uso de sus derechos.
Además de esta situación, también apuntan a las instituciones de salud del Gobierno Federal, ya que, acusan, el personal ha impedido por desinformación, revictimización y prejuicios que mujeres accedan a un aborto en cuanto lo solicitan.
Esta negativa, según exponen colectivas, proviene de trabajador es del IMSS y el ISSSTE donde sólo practican abortos en casos como violación o inseminación artificial no consentida ya que, argumentan, se rigen por el Código Penal Federal en el que todavía se considera como un delito.
La lucha continúa, por ello las activistas se han visto orilladas a interponer amparos para garantizar el acceso gratuito y seguro a la interrupción del embarazo.
