Ciudad de México.– Tras el rechazo de su reforma electoral constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconfiguró su estrategia con un “Plan B” que, más allá de ajustes presupuestales al sistema electoral, plantea un movimiento político de fondo: colocar la figura presidencial nuevamente en las boletas en 2027 mediante la revocación de mandato.
Es importante mencionar que este fin de semana las dirigencias nacionales de Morena, PT y Partido Verde, así como sus respectivos líderes de las bancadas en el Congreso de la Unión acordaron impulsar el Plan B de reforma electoral, por lo que a diferencia de la primera propuesta, esta si sería aprobada.
De acuerdo con los detalles dados a conocer en la nueva propuesta en la “mañanera” de este martes, el gobierno federal busca adelantar este mecanismo de participación ciudadana para que coincida con las elecciones intermedias, lo que configuraría un proceso electoral de gran escala.
Este escenario implicaría que, además de diputaciones federales, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, los ciudadanos también voten sobre la continuidad de la presidenta en el cargo, integrando todo en una misma jornada electoral.
En paralelo, el “Plan B” incluye medidas de austeridad electoral como topes salariales para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes no podrían percibir ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo, así como recortes a presupuestos de congresos locales y ayuntamientos.
Sin embargo, el elemento político de mayor alcance es precisamente la revocación de mandato adelantada, ya que no solo reactiva un mecanismo constitucional ya utilizado en 2022, sino que lo inserta estratégicamente en un proceso electoral intermedio, con potencial impacto en la movilización del voto y en la correlación de fuerzas políticas rumbo a 2030.
El planteamiento surge luego de que la reforma original no alcanzara mayoría calificada en la Cámara de Diputados, obligando al oficialismo a migrar hacia cambios viables mediante acuerdos con sus aliados y ajustes legislativos.
En este contexto, el “Plan B” no solo busca reducir costos del sistema electoral, sino redefinir el tablero político de cara a 2027, con una elección que podría convertirse en un referéndum nacional sobre el proyecto de gobierno en turno.